Los presos por asuntos relacionados con inmigración ocupan el tercer lugar de la población carcelaria en el país, según datos de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

Sin embargo, en los primeros seis meses del año fiscal 2008, el cruzar de manera ilegal la frontera ha encabezado las sentencias criminales en los tribunales federales.

Un reciente reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un programa de transparencia de la información de la Universidad de Syracuse, indica que del 1 de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2008 el gobierno federal reportó 58,115 nuevas sentencias, de las cuales 49% estaban relacionadas con inmigración y 20% con el narcotráfico.

La violación a la sección 08.USC.1325 del código penal federal, que se refiere a ingresar al país por un lugar indebido, la cual hasta hace poco era considerada una falta al código civil, representa el 27% de esas nuevas sentencias registradas en los primeros seis meses del año fiscal 2008. Hace cinco años esa ofensa ocupaba el quinto lugar de las sentencias que se daban.

En segundo lugar se ubica el reingreso de personas que ya habían sido deportadas con casi el 16% y en tercer sitio están los delitos por abuso y distribución de drogas con 11%, seguido por la conspiración y tentativa para traficar drogas con 7%, y con el 5.5% el uso y portación de arma de fuego.

En otro de sus reportes, llamado Immigration Enforcement: The Rethoric, The Reality, el TRAC destaca que en los años fiscales de 2004, 2005 y 2006, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) presentó cargos en contra de 814,073 individuos en los tribunales federales de inmigración, comparados con 12 casos de terrorismo.

El TRAC criticó que a pesar de los repetidos alegatos de altos funcionarios de la Administración del presidente George W. Bush, de que combatir el terrorismo ha sido la misión central del DHS, desde que empezó a operar esa agencia los datos oficiales muestran que sólo se han presentado 12 demandas por terrorismo, lo que representa el 0.0015% de todos los procesos judiciales que ha entablado.

La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), entidad que depende del DHS, destaca en sus informes anuales que su misión es proteger al país y mantener la seguridad pública poniendo atención en la gente, el dinero y los materiales que apoyan el terrorismo y las actividades criminales.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), también dependiente del DHS, asegura que su misión prioritaria y su gran reto es prevenir que terroristas y armas terroristas ingresen a Estados Unidos.

Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), un grupo defensor de los inmigrantes, calificó como una "farsa" el trabajo del DHS.

"Este estudio nos permite ver detrás del telón y de la farsa que el DHS ha montado para justificar los gastos y el presupuesto robusto que el Congreso le ha otorgado para frenar la inmigración indocumentada. El comportamiento inmoral y hasta ilegal del ICE no puede esconderse detrás de falsos alegatos e intenciones de criminalizar a toda una comunidad para fines políticos", acusó Cabrera.

Y agregó: "Mientras que miles de inmigrantes están sufriendo el dolor de la persecución sistemática de este gobierno, hay quienes silenciosamente se están beneficiando, política y económicamente, de estas detenciones, actividades de monitoreo y deportaciones. Lo injusto e inhumano de esta fallida política migratoria es que además de condenar a los inmigrantes a períodos de cárcel por el solo crimen de trabajar y buscar un mejor futuro, ahora se está sometiendo a todo inmigrante, especialmente a aquellos de piel oscura —sean o no indocumentados— a una campaña de difamación que tilda a todo inmigrante como criminal, merecedor de castigos y violaciones a los derechos civiles y humanos".

María Elena Durazo, dirigente en Los Ángeles de la Central Sindical AFL-CIO, quien formó parte de una comisión que busca documentar la mala conducta y violaciones constitucionales del ICE con sus redadas, comentó que en las cinco audiencias que tuvieron en varias partes del país pudieron detectar un aspecto lucrativo en la forma de operar de esa agencia del gobierno.

"Sabemos que las redadas tienen un aspecto lucrativo, porque el gobierno contrata con las compañías, entre más detienen y encarcelan a personas, hay compañías privadas que están logrando muchas ganancias, como los brazaletes que están produciendo por compañías privadas y hay contratos del gobierno, hay un aspecto lucrativo para algunas compañías y es algo que se tiene que investigar y exponer", mencionó la líder sindical.

El Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA) calificó como dramático el aumento en el índice de encarcelamiento de inmigrantes indocumentados.

"Esa es una clara indicación de las políticas abusivas antiinmigrantes que han estado instituyendo en los últimos años", destacó el LCLAA en un comunicado, una organización nacional que dice representar los intereses de 1.7 millones de trabajadores sindicalizados.

La violación de las leyes de inmigración son una ofensa civil que debe ser procesada por un juez de inmigración, aseguró el LCLAA, pero el DHS está calificando de criminales a los inmigrantes y buscando su exclusión permanente y al hacer eso los hace inelegibles para un proceso de legalización en el futuro.

"El LCLAA está extremadamente preocupado por las implicaciones que tendrá en la comunidad latina el alto índice de inmigrantes encarcelados y su imagen ante los ojos del público estadounidense", señala el comunicado. "Estamos particularmente preocupados de que la actual política alimente el mito de que los inmigrantes son criminales, cuando estudios han demostrado constantemente que, hasta recientemente, los inmigrantes detenidos mantenían los índices de encarcelamiento más bajos de todos los grupos".

Para Gabriela Lemus, directora de LCLAA, es necesario respetar los derechos básicos de los trabajadores independientemente de su estado migratorio.

"Los trabajadores indocumentados han sido explotados durante décadas", dijo Lemus. "La criminalización y encarcelamiento de inmigrantes por su estatus legal no es la respuesta correcta. Los trabajadores necesitan oportunidades en sus propios países para que no se vean forzados a dejar sus pueblos debido a la desesperación económica".