SAN JOSÉ.— Carlos del Carmen Álvarez, uno de los dos presuntos implicados en el caso de lavado de dinero, fraude al Seguro Social y esclavitud de indocumentados, podría quedar en libertad esta misma semana tras el pago de una fianza de 250 mil dólares al momento y otros 100 mil asegurados a pagarse posteriormente, según lo acontecido ayer en la audiencia de fianza celebrada en la sala 5 del Tribunal Superior de esta ciudad.

Por lo que respecta a su esposa, Paula Luna Álvarez, ella continúa recluida en la cárcel del condado de Santa Clara tras el pago pendiente de una fianza de medio millón de dólares. Lo anterior se dio a conocer en la audiencia presidida por el juez Richard Seabourng, del Tribunal Superior de esta ciudad.

Antes de que señalara el total de la fianza, el fiscal a cargo del caso, Thomas O’Connell, objetó la libertad condicional de los acusados. Alegó ante el juez que la pareja era potencial candidata a huir del país. No obstante, se le fijó la cantidad establecida a los acusados.

Se informó, además, que en un futuro la pareja podría enfrentar cargos de traficar indocumentados con el fin de explotarlos laboralmente.

Al matrimonio, que fue arrestado en su residencia el pasado jueves 12 de junio, se le identifica como los supuestos cabecillas de una banda de traficantes de personas y responsables de presuntamente esclavizar a más de 30 indocumentados provenientes de México, principalmente de Oaxaca y Puebla, según documento de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Entre la evidencia que salió a relucir ayer en la corte está el envío de dinero alegadamente fraudulento a cuentas bancarias en México y New Jersey por el monto de 1.5 millones de dólares.

Fernando González, quien dijo ser amigo de la pareja por los pasados 12 años, fue quien cubrió el pago de la fianza de Del Carmen y se comprometió a poner como seguro una propiedad valorada en 650 mil dólares para cubrir con ello la fianza de Paula.

"Yo creo en la inocencia de Carlos y Paula. Este no es más que un asunto migratorio y están buscando víctimas, esto es una cacería de brujas. Si Carlos trajo indocumentados deberían darle una medalla por darle empleo a esta gente", dijo González, un sexagenario contratista retirado y quien dijo haber dado refugio a la pareja cuando ambos emigraron a los Estados Unidos.

Tras conocerse el préstamo para dar la fianza, el juez se dirigió a González diciéndole. "Este es un caso muy difícil y quiero que esté al tanto de ello", sostuvo Seabourng.

Además, hizo hincapié en cuatro puntos. Sostuvo que sobre los imputados pesan serios cargos, que el préstamo del dinero es un acto voluntario, que si mienten sobre los fondos podrían presentarles cargos y que si la pareja es hallada culpable perdería su dinero.

"Quiero que esté seguro, que entienda que ellos (refiriéndose a la pareja) te pueden arruinar", le dijo el juez a González.

Tras llegar a acuerdos sobre la libertad condicionada de Del Carmen, el juez Seabourng exigió al acusado que no se debe acercar a ninguno de sus ex empleados so pena de perder su libertad y ser ingresado inmediatamente a prisión.

Hizo énfasis en que no se permitirá intimidación o extorsión a los ex trabajadores que podrían ser potenciales testigos cuando se inicie el juicio.

"Quédate bien lejos de ellos", recalcó el juez Seabourng a Del Carmen.

En la audiencia estuvieron presentes aproximadamente una veintena de familiares y amigos de la pareja.

"Esto me dejó anonadado. Sé que hay cargos, pero la gravedad de estos cargos me han dejado sin palabras", dijo Don Whitman, amigo de la pareja y quien fungió como agente personal de bienes raíces de los implicados.

Ataviados con trajes formales, los hijos del matrimonio estuvieron presentes durante la audiencia. Son dos varones. El menor cursa la escuela superior, mientras el mayor está presto a ingresar a una universidad del estado de California, según información suministrada ayer.

Aunque no fueron llamados a testificar, el fiscal Thomas O’Connell indicó ante el juez que los jóvenes cayeron en muchas contradicciones cuando fueron interrogados sobre el supuesto envío fraudulento de dinero a México y New Jersey.

La audiencia comenzó a las 2:00 de la tarde, cuando Paula, ataviada con el uniforme naranja de la correccional donde permanece recluida, se presentó ante el juez para escuchar los cargos.

Una hora más tarde, su esposo Carlos compareció frente al juez en pantalones cafés y camisa naranja, uniforme de la principal correccional de Santa Clara. Ya en sala, los acusados no voltearon a ver a sus familiares y permanecieron con la mirada fija en el suelo.

El juez Seabourng enfatizó que de ser hallados culpables podrían enfrentar una pena de 84 años en prisión.

El abogado defensor de Paula Luna, Peter Leeming, salió confiado de la audiencia. Afirmó que, de acuerdo con su experiencia, estos casos podrían tardar hasta cinco años en resolverse.

También en la audiencia se dio a conocer que la pareja cuenta con un total de seis propiedades; cuatro de ellas localizadas en México, dos mansiones en San José valoradas en aproximadamente cinco millones de dólares y tres restaurantes en California.

El fiscal O’Connell también informó que durante el registro a una de las viviendas, propiedad de la pareja, se encontró un maletín con una cantidad de joyas con un alto valor todavía indeterminado. Por lo que el fiscal sugirió que podría ser producto de sus actividades delictivas.

La audiencia para la libertad de Paula Luna quedó estipulada para el 25 de junio a la 1:30 p.m.

El juez recalcó que los acusados no pueden abandonar el país ni salir más allá de los límites del distrito norte de California.

Asimismo se le prohibió solicitar pasaportes mexicanos y se les exigió someter a la corte cualquier documento que les facilite dejar el país.

Mientras, al finalizar la audiencia varios de los familiares de la pareja dijeron que todo se trataba de "una injusticia y que todo se trata de envidia y viejas rencillas entre familias".

"No pueden ver que otros salgan adelante porque la envidia los corroe", señaló una mujer que dijo ser pariente de los inculpados, pero declinó identificarse.