Autoridades del consulado mexicano afirmaron desconocer el paradero de las cuatro supuestas víctimas de esclavitud encontradas la madrugada del jueves 12 en la mansión de dos presuntos traficantes de personas, Carlos del Carmen y Paula Luna Álvarez, en la ciudad de San José.

De acuerdo con informes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), los testigos serían reubicados en refugios provisionales para entrevistarlos y conocer más detalles sobre cómo operaba esta organización que, al parecer, traficó a más de 30 personas originarias de Oaxaca y Puebla y determinar si ellos fueron victimizados.

Sin embargo, a una semana del operativo, las autoridades mexicanas no han podido contactarlos para conocer las condiciones en las que se encuentran.

"Las autoridades estadounidenses se comunican con nosotros cuando se arresta a un connacional, pero hasta donde sabemos ellos no están arrestados. Por eso no nos han avisado de su paradero y estamos movilizando todos nuestros recursos para tratar de localizarlos y ofrecerles ayuda", dijo Abia Oliva, portavoz del consulado mexicano en San José.

El caso, que está ahora en manos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y U.S. Marshals, tendrá hoy su tercera audiencia en el Tribunal Federal de Distrito del Norte de California, en donde el juez Richard Seeborg escuchará las acusaciones de lavado de dinero, reclusión de indocumentados y fraude al Seguro Social que se le imputan a la pareja Álvarez.

Se presume que la otra pareja de presuntos implicados, Manuel Pérez Serón y Lucila Martínez (hermana de Paula), quienes según informes obtenidos por el FBI al parecer también esclavizaban personas, dejaron el país.

Por lo que respecta a las posibles víctimas que surjan en México, Abia Oliva expresó también que se investigará el caso y esperan poder ofrecerles protección en territorio mexicano en caso de ser necesario.

Esteban*, quien al parecer trabajó esclavizado por el brazo de la supuesta red a cargo de Manuel y Lucila, detalló que teme por la seguridad de su familia, ya que él sirve como testigo protegido en el caso, aunque reconoció que no se ha acercado aún a las autoridades mexicanas para pedir ayuda.

"Tengo miedo de que le hagan algo a mi familia. Ellos se quedaron con toda mi información, los teléfonos de mi casa, mis datos. Aquí a mí me han protegido, pero en México no sé qué puedan hacer", apuntó.

Investigaciones realizadas por el FBI, el ICE, el Departamento de Trabajo y la oficina del Seguro Social, encontraron que Carlos y Paula, así como Manuel y Lucila, supuestamente se dedicaban a traficar indocumentados indígenas con engaños, para luego forzarlos a trabajar hasta 17 horas sin salario en puestos de comida callejera y en redes de restaurantes mexicanos que operaban en San José y Modesto.

Los implicados supuestamente también falsificaban números del Seguro Social y realizaron el lavado de dinero de montos cuantiosos.

A raíz de la serie sobre las operaciones de esta supuesta red de esclavitud que publicó La Opinión, numerosas denuncias han comenzado a surgir.

"Hemos tenido muchas llamadas y esta situación sólo nos refleja más, el alto número de personas que están sufriendo de esclavitud. Pero cuando las víctimas ven que los casos se pueden resolver positivamente y que existe justicia para ellos, aunque sean indocumentados, vencen el miedo", dijo Marissa Ugarte, directora del Corredor Bilateral de Seguridad en San Diego.

Sin embargo, hay un gran número de personas en las sombras que desconocen los servicios que existen para asistencia, pero sobre todo que ignoran que son ellos mismos unas víctimas, opinó Kay Buck, de la Coalición para la Abolición de la Esclavitud y el Trafico (CAST)

"Cualquiera que haya sido ingresado a los EU con engaños, forzado a trabajar sin salario o con una mínima paga y privado de su libertad es una víctima y debe pedir ayuda. No importa si hubo violencia física o sexual, estas personas pueden recibir ayuda", dijo Buck.

Entre los servicios que se proporcionan a las víctimas están albergue, comida, asistencia legal y protección.

* Los nombres de las víctimas fueron cambiados para proteger su integridad personal