MÉXICO, D.F.— Fue como abrir una caja de Pandora: de los archivos del general Sergio Aponte Polito salieron los nombres y apellidos, modus operandi y vínculos de policías con el narcotráfico y la delincuencia organizada en Baja California, donde opera el cartel de los hermanos Arellano Félix.
Y todo porque el procurador de Baja California, Rommel Moreno, le pidió pruebas sobre las acusaciones en contra de agentes federales, estatales y municipales que había venido haciendo el general de la II Región Militar del país: protección de líderes y narcomenudistas, polleros y ladrones de bancos, así como facilitación de aeronaves utilizadas para el trasiego de enervantes.
"Algunos policías hasta alquilan sus patrullas para el traslado de droga", dijo en una carta enviada el miércoles a medios de comunicación.
Prácticas de extorsión a la población y cobro de cuotas a ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas; agentes y peritos "que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes".
Funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia "que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial".
Aponte Polito —quien es conocido entre las filas castrenses como "Cara dura"— precisó en su misiva que sus fuentes son entrevistas con miembros de la delincuencia organizada detenidos en flagrancia por el propio Ejército; trabajo de inteligencia y el análisis e investigación de las más de dos mil denuncias ciudadanas.
El nombre de este general se popularizó en 2006, cuando era un fuerte candidato para encabezar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apuntalado por su reputación sobre el celo con que ha perseguido al narcotráfico.
"Caiga quien caiga" es el lema que, según sus colaboradores, lo ha llevado a destapar complicidades de policías y funcionarios públicos con varios carteles en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chiapas.
En sus descripciones recientes, Aponte Polito involucra a policías ministeriales y municipales de Mexicali, Playas de Rosarito y Tijuana, además de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).
A Sonia Navarro, ex subprocuradora en Ensenada y ex directora de la Policía Ministerial, la vincula con la banda de secuestradores Comando Negro, además de dedicarse a ejecutar vendettas entre narcotraficantes.
En respuesta, la funcionaria aseguró ayer que presentará una denuncia por difamación en contra del general.
A José Heredia lo acusa de dividir su atención en liderar el Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado y, al mismo tiempo, plagiar empresarios junto con los agentes ministeriales Marco Javier Luján Rosales y Arturo Quetzalcóatl Vargas Zermeño.
A Leocadio Núñez Meza, integrante de la Policía Municipal de Mexicali, y José Fernando Funes, agente de la Dirección de Seguridad Pública municipal, los ubica a su vez en la nómina del cartel de los Arellano Félix.
Ambos elementos eran el enlace con el primer y segundo comandantes de la Base de Intercepción Aérea de la PGR (conocidos como "El Conejo" y "Cristian"), quienes, según el militar, recibían una cuota mensual de entre cuatro y cinco mil dólares cada uno, como pago por apoyar los descensos de aeronaves cargadas de droga y abrir el paso para trasladar los enervantes hacia Estados Unidos.
"Leocadio reconoció los hechos y después se suicidó", asegura.
A Miguel Cortés Nuño, subinspector de la Policía Federal, lo tiene en la mira: fue quien reclamó a las autoridades del fuero común el cuerpo de Medardo León Hinojosa, alias "El Abulón", mando de los Arellano Félix.
Según el general, este funcionario es uno de los participantes activos de la reuniones para diseñar la estrategia nacional contra la inseguridad en Baja California.
"¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?", pregunta el jefe militar en la carta.
Tras enterarse de los señalamientos, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, dijo que se investigará a los funcionarios involucrados y dio su respaldo a su procurador: seguirá al frente de la dependencia.
De acuerdo con Jorge Chabat, analista de temas del narcotráfico del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE), este tipo de denuncias no son muy fructíferas, pues la debilidad del Estado mexicano no puede hacer frente de manera eficaz a la corrupción policiaca.
"La estructura de la justicia mexicana ata en mucho al gobierno federal con la relación de las policías locales, que deben ser ordenadas por los mandamás de los municipios y estados".
Los coqueteos entre la policía y el narcotráfico en México son reincidentes y añejos. En enero de 2003, el Ejército mexicano desapareció las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Salud (FEADS), y detuvo a 154 empleados entre policías, investigadores y administrativos en 11 de los 31 estados del país.
La averiguación había iniciado cuando siete policías, detenidos, exigían a dos narcotraficantes dos millones de dólares a cambio de liberar cuatro toneladas de marihuana.
A principios de 2007, los militares decomisaron a la policía municipal de Tijuana más de dos mil armas de fuego después de haberlas confiscado para investigar señalamientos que relacionaban a agentes con traficantes de drogas.
El 1 de abril pasado, al menos cien agentes ministeriales y del Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol) fueron acuartelados en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el Ejército Mexicano, con el fin de revisar sus armas.
