BOGOTÁ, Colombia (AP).— Las autoridades policíacas investigan el asesinato de un vigilante de una empresa ilegal de recaudación de dinero, que ofrecía ganancias de 100% al mes, y cuyo desplome ha provocado disturbios en pequeños poblados del suroeste colombiano.
La policía dijo ayer que ha recuperado "una ínfima" cantidad del dinero que estima depositaron colombianos en una de esas compañías, mientras las autoridades se recriminaban mutuamente por no detener a tiempo la estafa.
De hecho, no han podido explicar por qué no cerraron o prohibieron unas empresas que recaudaban fondos y ofrecían a los depositantes duplicar sus depósitos en cortos períodos y operaban apenas con registros de cámaras de comercio y no como bancos, lo que las habría hecho cumplir con requisitos como un encaje, capitales mínimos de funcionamiento, reservas, entregar balances. Además, se conocía públicamente que hubo este año y en el pasado casos similares en que personas desaparecen con fondos de clientes.
El presidente Álvaro Uribe dijo a la "W" que su gobierno busca formas de ayudar a las personas más pobres que perdieron su plata, pero no explicó cómo.
El fiscal general Mario Iguarán, junto al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y otras autoridades, hicieron en la jornada una breve declaración en la sede de la Fiscalía, indicando que "aceleran" las investigaciones sobre "empresas captadoras de dinero" para identificar responsables y acusarlos penalmente. Los funcionarios declinaron responder consultas de los periodistas.
Uno de los dos hijos del presidente Uribe, Jerónimo, rechazó versiones de prensa que lo vincularon con otra empresa prestamista que está cuestionada: DMG.
El general Orlando Paéz, director operativo de la Policía Nacional, manifestó que el vigilante murió el jueves a manos de dos hombres que penetraron en su casa ubicada en una zona rural del municipio de Rosas, departamento de Cauca, a unos 400 kilómetros al suroeste de Bogotá.
En Rosas y otras 13 municipalidades del suroeste de Colombia está vigente un toque de queda debido a disturbios por el desplome de la empresa recaudadora de dinero, un negocio conocido aquí como "pirámide".
La empresa Dinero Rápido, Fácil Efectivo (DRFE) se desplomó ante versiones de que su propietario, Carlos Alfredo Suárez, había abandonado el país y no pagaría a sus clientes. Su paradero se desconoce.
Clientes de DRFE en distintos municipios se saquearon las oficinas de la firma y protagonizaron disturbios y protestas. El defensor de derechos humanos de la alcaldía de una de las localidades afectadas por los desórdenes murió el miércoles de un disparo en la cabeza cuando intentaba calmar a la población.
El jefe policial aseguró que desde el miércoles y hasta la madrugada de ayer han ocupado las 68 oficinas de DRFE en cuatro departamentos al suroeste colombiano y decomisado el equivalente a unos 26 millones de dólares, "una cifra ínfima frente a lo que se estima" movió DRFE, al menos este año y que se calcula en unos 600,000 millones de pesos (unos 270 millones de dólares), dijo Paéz.
Añadió que han detectado al menos otras 240 agencias de firmas distintas a DRFE, que funcionan con esquemas similares, pero aún no las intervienen porque ni la Superintendencia Financiera ni la Fiscalía General se lo han ordenado todavía.
Antonio Navarro, gobernador del departamento de Nariño, donde DRFE tenía su sede principal, dijo en una entrevista con la cadena radial Caracol que esa compañía ofrecía ganancias de entre 70% a 150% al mes y que el caso se debió una suma de factores como "ingenuidad, codicia y omisión de acción de la Superintendencia" en la supervisión de esos locales.
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