Tercera parte
Más de cien familias viven aglutinadas en viejas casas móviles en las inmediaciones de un terreno envenenado con arsénico
Es el "parqueadero San Antonio", como le conocen a esta comunidad del condado de Riverside localizada a menos de tres horas de Los Ángeles y en donde la concentración de arsénico en el agua es cinco veces mayor que el nivel máximo permitido (10 microgramos por litro).
Por la pobreza de sus residentes, casi todos campesinos, este asentamiento ilegal es la única posibilidad de vivienda para ellos.
Para estos campesinos, y para los cientos que viven como ellos (se estima que hay más de 300 asentamientos ilegales en el condado), la esperanza de mejorar sus deprimentes condiciones de vida radicaba en la organización DACE (Alianza del Desierto para el Fortalecimiento de Comunidades) una agencia financiada con dinero de los contribuyentes que se formó 10 años atrás y cuyo mandato era ayudar a zonas de extrema pobreza llevándoles sistemas de agua potable, estudios para infraestructura, mejoramientos de viviendas, entre otros.
Pero nada de ello sucedió. En 10 años, DACE ha edificado bancos, complejos habitacionales, centros comerciales y reparado decenas de propiedades.
El problema, dicen líderes comunitarios, campesinos y hasta los propios miembros del consejo directivo de DACE, es que estos proyectos obedecen a los que más tienen y no a las necesidades reales de los pobres.
"La Zona de Desarrollo ha sido la mejor oportunidad que la comunidad ha tenido en la historia de las comunidades campesinas y no se empleó correctamente", dice Fred de Haro, uno de los iniciadores de este proyecto.
En el papel, los casi doscientos proyectos de DACE parecen sacados de un sueño, pero la realidad demuestra que millones de dólares se gastaron en edificios derruidos, terrenos baldíos y una lista interminable de proyectos que quedaron en el limbo. Miles más simplemente se esfumaron sin control.
Aquí algunos ejemplos:
* En 2002, DACE donó 35 mil dólares a la organización Jardín Comunitario del Valle de Coachella. El dinero y la organización ya no existen, según datos recabados por este diario.
* Otros 100 mil dólares se invirtieron en el proyecto "Nana’s Pantry", un estudio para desarrollar un programa de distribución de comida gratuita. La agencia compró un edificio que serviría como banco de comida y un camión para transportar alimentos. Ahora DACE renta el primer piso del edificio a una organización no lucrativa y el segundo nivel le sirve para almacenar equipo. El camión permanece parado frente al edificio.
* Con el dinero de los contribuyentes, DACE invirtió más de 170 mil dólares en el desarrollo de un refugio para campesinos migrantes en la comunidad de Mecca, el campo San Cristóbal, un albergue de 96 camas, que según Hays, se llevará a cabo el próximo año aunque no pudo ofrecer una fecha exacta.
* En sus reportes oficiales al gobierno federal, DACE menciona también que invirtió 20 mil dólares en un estudio que demostraría si es factible establecer una estación de radio comunitaria. Esa cantidad, dicen expertos, hubiera podido cubrir estudios de desarrollo para al menos dos comunidades de casas móviles. Al final, el proyectó radiofónico resultó que sería muy costoso y el plan quedó suspendido. Historias así se repiten una y otra vez.
La ley establece que los residentes deben señalar sus necesidades a los directivos de las agencias para que éstos adquieran los fondos monetarios y realicen las obras. Pero la realidad es diferente.
"En el estudio encontramos que con el paso del tiempo los proyectos ya no obedecen a lo que solicitan las comunidades sino a intereses personales de sus dirigentes", dice Marilyn Gittell, directora del Centro de Investigaciones Howard Samuels de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y autora del estudio "Zonas de Desarrollo: Las oportunidades perdidas".
Lo mismo parece haber sucedido en el sur de California. Por ejemplo, DACE realiza un programa de remodelación de viviendas en Palm Desert, del cual se enorgullece. Pero Palm Desert no es una zona pobre, sino una de las ciudades con mayor poder adquisitivo de California. Además, no está dentro de la zona de actividad autorizada de DACE.
Además, también en Palm Desert, se puede hallar un automóvil que costó 37 mil dólares y que serviría como centro educativo para crear arte con material reciclado para los niños. Los niños campesinos afirman que jamás lo han visto.
"Yo no puedo controlarlos en este punto, porque cuando lo damos se convierte en un bien de ellos. Si no tienen dinero para operarlo la culpa no es mía", dice Hays.
Al igual que con el automóvil, DACE perdió el rastro a los más de 9,500 dólares que invirtió en la comprar computadoras reconstruidas. Los aparatos eran de tecnología caduca y no sirvieron para su propósito. Hoy se hallan tiradas en casas móviles vacías.
"Se perdió el rumbo. Empezaron a gastar el dinero en un montón de proyectos cuando en estas comunidades lo que urge es el suministro de agua potable y el drenaje", dice Francisco Contreras, líder comunitario de la zona.
Las inversiones, ¿son dinero desperdiciado?, preguntó La Opinión.
John Mealey, director ejecutivo de la Alianza para la Vivienda en el Valle de Coachella (CVHC) dice: "Es la realidad. La intención del condado fue buena, pero con esos fondos se pudieron crear muchas oportunidades".
Mealey ha sido el responsable directo de al menos cuatro grandes obras de vivienda que DACE anuncia como propios en reportes federales a USDA.
Coachella en disputa
Eddy García, alcalde de la ciudad de Coachella, apoya la labor de DACE. "DACE ha sido de gran ayuda a la comunidad de Coachella y una de las mejores organizaciones no lucrativas, no sólo de California sino de todo el país", testificó.
Pero entrevistados coincidieron en que la ciudad como tal no es parte de la zona donde debe operar DACE.
"Nunca entendí por qué, si solo una pequeña parte de Coachella es parte de DACE, invertimos tanto dinero ahí", dice un ex ejecutivo de esa agencia quien prefirió quedar en el anonimato.
A principios de este año, la ciudad de Coachella pidió a DACE que comprara dos proyectos de vivienda que estaban a punto de venirse abajo por la crisis hipotecaria. Para ello, el gobierno local le facilitó dos préstamos por un monto total de 6.8 millones de dólares a un interés fijo del 3% anual.
Hoy ambos proyectos están detenidos por falta de fondos, representando grandes perdidas a la organización que debería de ver por los más necesitados.
En esa misma ciudad, DACE adquirió otra propiedad en donde edificó 125 casas con fondos federales a un costo de casi tres millones de dólares. Actualmente, el proyecto tiene perdidas millonarias, porque las viviendas no se han vendido.
En total, más de 10 millones de dólares han sido destinados a esta ciudad, cuando bajo su cargo tiene ocho comunidades y algunos no han visto ni un proyecto finalizado.
Sin embargo cabe reconocer que en Coachella, pese a las perdidas en los proyectos se ha logrado un impacto positivo.
En los próximos días la oficina está a punto de inaugurar el primer proyecto de vivienda para ancianos en esa ciudad en donde también contribuyó en la edificación de un banco.
En 2004 y 2005, el director ejecutivo de DACE fue premiado como el Empresario del Año de Servicios Sociales del Inland Empire, por la Universidad Estatal de San Bernardino.
"Esta agencia está reconocida a nivel nacional como la más exitosa en todo el país", insistió Hays a La Opinión.
Una aseveración, en la que poco campesinos creen y que a juzgar por las evidencias, es más difícil defender.