La bala que recibió en la cabeza el agente Jerry Ortiz cuando un sospechoso le disparó, escondido detrás de una puerta en Lakewood, así como los múltiples balazos que le dieron a Cheryl Green, una niña afroamericana de 14 años que conversaba con sus amigos en Harbor Getaway, y las que recibieron cuatro adolescentes en Azusa, tuvieron un denominador fatal en común: fueron disparadas por pandilleros que ahora enfrentan la pena de muerte.
Las recientes imposiciones de la pena capital o las recomendaciones de otorgarla a algunos miembros de "maras" que están en procesos judiciales, ha sido resultado, según las autoridades, de la búsqueda de penas mayores a pandilleros responsables de homicidios y que formen un efecto de intimidación a otros posibles delincuentes.
Para activistas y abogados de derechos civiles, sin embargo, la medida no logra su objetivo, ni soluciona el problema, ni mucho menos da espacio para la rehabilitación. Pero sobre todo, dicen, recarga económicamente el sistema de justicia de Estados Unidos.
A pesar de que la Procuraduría del condado de Los Ángeles (LADA) y la del condado de Orange (OCDA) —que han logrado sentencias de muerte para pandilleros este año—, no proporcionaron un registro de cuántos pandilleros han sido ya inscritos en la lista de condenados a muerte, recientes casos noticiosos han generado cuestionamientos sobre si esta medida logra el objetivo de disuadir a otros de no cometer los crímenes violentos.
Michel Hanisee, fiscal a cargo de la División de Pandillas de LADA, señala que como política de la Procuraduría, los fiscales están obligados desde hace algunos años a buscar "medidas más severas" contra pandilleros que cometen homicidios, debido al incremento de sus actividades.
"Como regla general tenemos que buscar penas más serias que no necesariamente significan la pena de muerte", explica Hanisee, quien estuvo a cargo del juicio contra Ralph "Swifty" Flores, un pandillero de Azusa 13 que fue condenado a la pena capital por la muerte de cuatro adolescentes en esa ciudad. "La pena de muerte la determina un comité especial, no es algo a discreción de los fiscales", añade.
Hanisee señaló a Flores como el mejor ejemplo de que la rehabilitación no podría funcionar en un "monstruo y asesino a sangre fría" como calificó al miembro de la pandilla Azusa 13, acusándolo de burlarse de sus víctimas y de incluso atacar a los agentes que lo vigilaban durante el juicio que concluyó con su sentencia el pasado 9 de septiembre.
"Incluso en la cárcel sigue siendo una amenaza para la sociedad. Ahí él ordenó matar a agentes del Sheriff. La idea con su condena es mandar un mensaje a otros delincuentes", subraya. "La pena de muerte es la condena máxima que hay, sobre todo en casos donde no puede haber rehabilitación", dice.
John Anderson, fiscal de OCDA a cargo de una división de pandillas, menciona que en el condado de Orange hay, por lo menos, cinco casos de pandilleros esperando ejecución, que han sido sentenciados o que se ha solicitado la pena de muerte por sus delitos.
Uno de los casos más sonados es el de Anthony Navarro, un pandillero que fue el autor intelectual de la muerte de David Montemayor, un empresario de Buena Park y que fue sentenciado a muerte este año.
Al igual que en Los Ángeles, el OCDA ha tomado un rol "agresivo", señaló Anderson, en las acusaciones a pandilleros, aunque desestimó comentar más sobre el tema.
Pero al igual que Flores y Navarro, pandilleros como Johnatan Fajardo, acusado de la muerte de Green, Andrew Ramírez, un pandillero de Colton acusado asesinato, José Luis Orozco, victimario del agente Ortiz, así como Juan José Chávez, acusado de matar a tres testigos en Montebello, son otros ejemplos de pandilleros que podrían recibir la pena capital.
EN CONTRAPero para Natasha Minsker, directora de Política Contra la Pena de Muerte, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la pena capital no es la solución a la violencia ni al crimen en las calles del estado.
"La pena de muerte realmente no tiene ningún impacto en la reducción del crimen", sostiene la promotora de una moratoria en el estado que detenga la ejecución de casi 672 prisioneros, un número no exclusivo de pandilleros que actualmente esperan la muerte. "Lo peor es que es más fácil que estos prisioneros mueran de causas naturales que de una ejecución, debido a lo complejo de nuestro sistema de justicia en California", añade.
Según Minsker, a pesar de que alguien sea condenado a muerte, los procesos de apelación podrían hacer que su ejecución tarde hasta 25 años y que le cueste al estado más de 117 millones de dólares al año.
Como muestra, menciona que en los últimos 30 años sólo ha habido 13 ejecuciones en el estado y que han estimado que pedir la pena de muerte en cualquier caso puede costarle un millón de dólares adicionales al estado, por cuestiones como contratación de expertos, investigadores, procesos de apelación, salarios, etc.
"La pena de muerte hace el asunto peor, porque se está gastando el dinero en un lugar equivocado, en vez de invertirlo, por ejemplo, en programas de rehabilitación", subraya.
Alex Sánchez, de Homies Unidos y quien durante años ha trabajado con pandilleros, concuerda en que la solución al problema de pandillas no son leyes más estrictas, como las restricciones judiciales o penas más severas.
"Aunque han puesto leyes más extremas como la pena de muerte, siempre hay más pandillas que hace 20 años", subraya Sánchez. "Esta política aparente de miedo, no funciona con los pandilleros, los jóvenes no perciben ese miedo o ese mensaje que quieren enviar", agrega.
Para Sánchez, el dinero debería ser invertido precisamente en la raíz del problema, es decir en los programas de intervención y prevención de pandillas.
"La supresión no es la solución, claro que se debe castigar a los que cometen crímenes, pero no es la solución el hacer penas mayores", sostiene. "La pena de muerte no es la solución para evitar que jóvenes se metan a las pandillas, no es solución para los problemas sociales", añade.
Según las autoridades, hay casi 80 mil pandilleros en el condado de Los Ángeles que se distribuyen en casi 1,200 diferentes pandillas. Según el mismo Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), de estos se estima que sólo el 5% comete los delitos más violentos.
"Sabemos que hay miles de pandilleros, y ¿qué vamos a hacer, matar los miles? Así no se va a solucionar el problema", reflexiona Randy Jurado Ertll, quien también ha trabajado en programas de prevención de pandillas. "Yo creo que no se puede aplicar la política de ojo por ojo y diente por diente", agrega. "Hay que buscar alternativas para no llegar a esos extremos de estar exterminando personas o de sólo meterlos al sistema carcelario donde no se están rehabilitando".









