Un nuevo programa para identificar a indocumentados que hayan sido condenados por delitos violentos o relacionados con el narcotráfico, y someterlos a proceso de deportación, va a ser puesto en marcha por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en todo el país.
Se trata de un programa de verificación de huellas digitales en las prisiones para detectar a los indocumentados que deben ser expulsados del país por sus antecedentes penales.
"Vamos a tener presencia virtual en las cárceles", dijo Richard Rocha, portavoz de ICE.
El programa piloto dio inicio el miércoles a través del Departamento del Sheriff del Condado de Harris, en Texas, y permite comparar de manera automática las huellas digitales de los detenidos, ya sea en cárceles o por corporaciones policíacas, con la base de datos de ICE y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Para la primavera de 2009 se prevé que otras 45 corporaciones estén utilizando este sistema, indicó Rocha.
Los departamentos de Sheriff (que operan las prisiones) o de Policía, que forman parte del acuerdo 287(g) con ICE para colaborar en asuntos de inmigración, serán los primeros que se sumarán al programa.
El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles es uno de los que tiene ese convenio de colaboración con ICE en las cárceles, pero no se ha precisado cuándo empezará a aplicar la medida.
Con esto ICE busca establecer un mayor número de deportaciones de inmigrantes, luego de que en el recién concluido año fiscal se registró la cifra récord de 349 mil deportaciones, un 20% más que el año anterior, cuando hubo casi 289 mil.
"ICE ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea para implementar las leyes de inmigración aunque estas sean inhumanas e injustas", denunció Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Los Ángeles para Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA). "Su mandato es de invertir millones de dólares en hacer sufrir familias, separar comunidades y rebasar los límites de lo que es aceptable en una sociedad democrática".
De acuerdo con las cifras de ICE, sólo el 30% de esos deportados contaba con antecedentes penales.
Para Cabrera, las acciones de ICE reflejan una "persecución salvaje" de inmigrantes que quiere justificar al señalar que se trata de delincuentes, cuando la mayoría es gente trabajadora.
"Cuestionamos los argumentos de ICE de que busca deportar primordialmente a supuestos criminales de las cárceles", dijo el vocero de CHIRLA. "Denunciamos, además, las limitaciones que imponen a los inmigrantes detenidos porque son una burla a la Constitución y a todo lo que respetamos y valoramos de una democracia".
Según el vocero de ICE, se trata de una medida para mejorar la seguridad pública en las comunidades al deportar a quienes tienen antecedentes delictivos.
Explicó que cuando una persona sea enviada a un centro de procesamiento carcelario (booking processing center), ya sean en las delegaciones de policía o en las prisiones participantes en el programa, se le tomarán sus huellas digitales y automáticamente ICE recibirá la información que les sea compatible con sus archivos.
Las bases de datos de ICE (Automated Biometric Identification System IDENT) y del FBI (Integrated Automated Fingerprint Identification System IAFIS) estarán operando de manera interactiva durante las revisiones de huellas dactilares para compartir información.
Este nuevo proceso, dijo Rocha, revisará de manera simultánea las huellas en ambas bases de datos y la información que detecte a inmigrantes no ciudadanos, será enviada al llamado ICE’s Law Enforcement Support Center (LESC) para que agentes evalúen el caso y de ser necesario lo sometan a proceso de deportación.
El costo anual de este programa está calculado en 3,000 millones de dólares, para lo cual ICE está requiriendo más recursos al Congreso. Para el año 2011 se prevé que el 100% de las agencias del orden estén utilizando el nuevo sistema.
De acuerdo con las cifras de ICE, se estima que en las prisiones estatales y de los condados existen entre 300 mil y 450 mil inmigrantes que potencialmente pudieran ser deportados por sus antecedentes penales.
