El problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México es muy grave. (FOTO: Archivo/La Opinión/Jeff Grace)
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Las armas con las que aquel 26 de mayo mataron a ocho policías federales fueron rastreadas mediante un sistema electrónico de la ATF como parte de un programa llamado Gunrunner Project, que busca coordinarse con el gobierno mexicano para detectar la procedencia de las armas y cortar el flujo de armamento.

"Cuando un arma aparece en una escena del crimen en México es posible hallar la tienda que la vendió en Estados Unidos y eso empieza la investigación, así fue como descubrimos a X-Caliber Arms en Phoenix", comentó Goddard.

Sin embargo, según contó el procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, ese proyecto aún no se ha concretado en ese estado, donde la delincuencia organizada ejecutó a 91 personas del 26 de septiembre al 10 de octubre, es decir, un promedio de 6.5 asesinatos diarios en esas dos semanas, donde se han utilizado fusiles AK-47 y AR-15.

De acuerdo con informes extraoficiales, las armas que llegan a Baja California son introducidas bajo el amparo de agentes aduanales, quienes por temor o contubernio no denuncian el tráfico.

Una reciente encuesta del Colegio de la Frontera Norte (El Colef) revelaba que dichos de agentes aduanales sufren amenazas e intimidación por parte de miembros del crimen organizado para permitirles pasar armas.

La administración aduanal de Tijuana no respondió al llamado para obtener un comentario al respecto.

Se estima que sólo el 10% de las importaciones a México es sometido a revisión por parte de la autoridad aduanal.

Para el diputado federal mexicano priista Edmundo Ramírez Martínez, es necesario que los legisladores estadounidenses trabajen en combatir la venta indiscriminada de armas.

"El tráfico de armas es uno de los aspectos que con mayor preocupación se debe ver en la agenda binacional México-Estados Unidos", dijo el diputado.