MÉXICO, D.F.— Convirtieron una nave industrial en habitaciones para bebés y niños, colocaron cuneros y mesitas de trabajo bajo un techo de plafón inflamable, clausuraron dos salidas y no instalaron jamás extintores de fuego, pero los responsables indirectos del incendio en el que murieron 44 niños en Hermosillo, Sonora, no pisarán la cárcel.
"Alcanzarían la fianza porque los delitos de la averiguación previa no son graves", puntualizó Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), al anunciar en conferencia de prensa en la que descartó intencionalidad en los hechos.
Informó que el incendio, ocurrido el 5 de junio, fue provocado por el sobrecalentamiento del equipo enfriador de aire, cuyo uso era continuo en una de las bodegas de la Secretaría de Finanzas estatal que compartían la nave con la guardería, de la cual estaban separadas con paredes improvisadas.
En consecuencia, la averiguación previa busca deslindar responsabilidades en los delitos de homicidio y lesiones culposos (sin intención), daño en propiedad ajena, uso indebido del servicio público, más lo que se acumule.
En la mira de la PGR se encuentran los propietarios de la guardería, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Gildardo Francisco Urquides Serrano, coordinador de finanzas del Partido Revolucionario Institucional en Sonora; Sandra Lucía Téllez, mujer del recién depuesto secretario de Ganadería estatal; Alfonso Escalante Hoeffer y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, esposa del ahora ex director de Finanzas de la Secretaría de Infraestructura Urbana estal.
También personal de la Secretaría de Finanzas en Sonora y del IMSS; así como empleados de protección civil del municipio, aunque aún no se han señalado por nombres.
