WASHINGTON, D.C.- El gobierno de Hugo Chávez ha aumentado su represión contra manifestantes y huelguistas en los dos últimos años, arrestando a más gente y provocando más heridos y muertos, denunciaron ayer tres organizaciones sin fines de lucro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"La gente se siente con derechos y se está movilizando y lo que vemos es que la respuesta del estado ha aumentado con violencia", dijo Carlos Correa, de Espacio Público.
Seis estudiantes han muerto a manos de fuerzas policiales durante protestas en el último año y 2,240 personas fueron sometidas a juicio por protestar o participar en huelgas en los últimos cinco años, dijeron los activistas.
"Hay un cambio en la política del gobierno hacia las manifestaciones de calle. Por un lado vemos más protestas, pero por el otro hay una actitud mucho más represiva", declaró Correa.
Muchas veces las manifestaciones son pacíficas y derivan en violencia por el comportamiento del gobierno, acusaron los activistas. El número de juicios penales, el encarcelamiento de manifestantes y la prohibición de huelgas también ha aumentado, denunció Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Según datos de los grupos, en lo que va de año fueron reprimidas 139 manifestaciones públicas. En 60 de esas protestas hubo 461 heridos.
"¿Cuán violenta es una huelga de hambre?" preguntó Alvarado, refiriéndose a los 90 trabajadores de petroleras que dijo se encuentran detenidos por rehusarse a comer.
Representantes del gobierno de Chávez negaron las acusaciones y afirmaron que las protestas fueron reprimidas por realizarse sin permiso.
Los funcionarios, encabezados por Germán Saltrón, agente para los derechos humanos del gobierno venezolano, describieron las muertes de los seis estudiantes como "incidentes aislados" que han sido propiamente investigados.
Saltrón negó que en Venezuela se permitan las protestas espontáneas. "No pueden venir aquí, frente a un organismo internacional, e intentar engañar. Quizás puedan hacerlo en Venezuela, pero no aquí", dijo Saltrón. "No podemos permitir que ustedes lleven una situación de guerra en Venezuela".
En una audiencia anterior, el gobierno venezolano dijo que sólo aceptará una visita de la CIDH al país si ésta sustituye a su secretario ejecutivo y admite su error al reconocer el golpe de estado del 2002.
Saltrón pidió por primera vez en una audiencia la expulsión del secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón. También pidió que se nombre a un nuevo relator para Venezuela, sustituyendo al actual Paulo Sergio Pinheiro.
Cantón lleva siete años al frente de la CIDH.
El gobierno venezolano tampoco aceptará una visita de la comisión si ésta no reforma su reglamento para "garantizar la transparencia, independencia y pluralidad de pensamiento en el seno del sistema de protección de derechos humanos".
Al final de la audiencia, un grupo de estudiantes venezolanos que participaron en una huelga de hambre en septiembre pidieron hablar con Saltrón.
"Venimos a denunciar las violaciones contra nuestros derechos", dijo a los medios de comunicación Julio Rivas, un estudiante universitario de 22 años que pasó detenido dos semanas tras participar en una protesta. Estaba en Washington bajo libertad condicional.
"Me secuestraron en mi casa. Me mantuvieron incomunicado 15 horas. Me imputaron cargos como guerra civil, porte de armas genérico... y todo por un vídeo de un canal oficial en el cual yo decía que tengo derecho a llegar a la asamblea nacional".
La delegación del movimiento estudiantil hablará hoy en la American University de Washington para denunciar la "política represiva del gobierno de Hugo Chávez". Los estudiantes se reunieron el viernes con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza y con Cantón.
