BUENOS AIRES/Servicios noticiosos — La justicia argentina comenzó ayer el proceso contra el último dictador de Argentina, Reynaldo Bignone, y otros seis ex militares y un ex policía acusados de 56 casos de secuestros, torturas y asesinatos en Campo de Mayo.
Bignone está acusado de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 en distintas instalaciones de Campo de Mayo, la mayor guarnicición del ejército.
El ex-presidente militar, de 81 años, y quien cumple prisión preventiva domiciliaria, dio la orden en 1983 de destruir la documentación sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), según los informes oficiales.
Dentro del recinto donde se desarrolla el proceso judicial se encuentran familiares de los desaparecidos que portan letreros y fotos de sus seres queridos.
Una de las querellantes, Taty Almeida, dijo que el proceso judicial es un “logro y un momento histórico”.
“Lo mínimo que quisiéramos es cadena perpetua, es lo que corresponde por estos crimenes aberrantes”, dijo Almeida, quien afirma que perdió a su hijo Alejandro, de 20 años, en manos de los militares.
La sentencia del juicio se dará a conocer en febrero próximo, estima el abogado Pablo Llonto, quien representa a algunos de los familiares de desaparecidos. Bignone, quien fue presidente de facto entre 1982 y 1983, año en que traspasó el poder al mandatario elegido democráticamente Raúl Alfonsín.
Junto a Bignone está acusado Santiago Omar Riveros, quien purga una condena a prisión perpetua por otros casos de violaciones a los derechos humanos, y otros ex-generales, todos octogenarios.
BUENOS AIRES/Servicios noticiosos — La justicia argentina comenzó ayer el proceso contra el último dictador de Argentina, Reynaldo Bignone, y otros seis ex militares y un ex policía acusados de 56 casos de secuestros, torturas y asesinatos en Campo de Mayo.
Bignone está acusado de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 en distintas instalaciones de Campo de Mayo, la mayor guarnicición del ejército.
El ex-presidente militar, de 81 años, y quien cumple prisión preventiva domiciliaria, dio la orden en 1983 de destruir la documentación sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), según los informes oficiales.
Dentro del recinto donde se desarrolla el proceso judicial se encuentran familiares de los desaparecidos que portan letreros y fotos de sus seres queridos.
Una de las querellantes, Taty Almeida, dijo que el proceso judicial es un “logro y un momento histórico”.
“Lo mínimo que quisiéramos es cadena perpetua, es lo que corresponde por estos crimenes aberrantes”, dijo Almeida, quien afirma que perdió a su hijo Alejandro, de 20 años, en manos de los militares.
La sentencia del juicio se dará a conocer en febrero próximo, estima el abogado Pablo Llonto, quien representa a algunos de los familiares de desaparecidos. Bignone, quien fue presidente de facto entre 1982 y 1983, año en que traspasó el poder al mandatario elegido democráticamente Raúl Alfonsín.
Junto a Bignone está acusado Santiago Omar Riveros, quien purga una condena a prisión perpetua por otros casos de violaciones a los derechos humanos, y otros ex-generales, todos octogenarios.
