Enfermo del hígado y con los pulmones arruinados, conectado a un tanque de oxígeno las 24 horas, Ramón Hernández tiene los días contados.
"Puedo morir en un par de días o en seis meses", dice Hernández de 57 años, 37 de los cuales los ha pasado en prisión por haber cometido un doble asesinato.
Arrepentido y con remordimientos por sus crímenes pasa sus últimos días en la residencia de desahuciados en Vacaville , una de las cuatro instalaciones médicas a donde se envía a los presos de California con enfermedades crónicas o mentales serias.
"Esta es la mejor atención médica que he recibido en prisión", afirma Hernández, para luego agregar que si presos como él — a punto de morir— fueran liberados y entregados a sus familias, no serían un riesgo para la comunidad porque "apenas nos podemos mover".
Sin embargo, aunque su estado es crítico, Hernández no sería parte de la propuesta de ley SB1399 del senador demócrata de San Francisco, Mark Leno, para dejar en libertad condicional a los presos a quienes les quedan seis meses de vida debido a que cometió un asesinato. Tampoco aquellos que han sido condenados a través de la ley Tres Delitos y Fuera, o los sentenciados a muerte.
Clark Kelso, interventor federal del sistema de salud de las prisiones estatales presentó junto con los legisladores demócratas Juan Arámbula, de Fresno; Leno,de San Francisco; Cathleen Galgiani, de Tracy y Bonnie Lowenthal, de Long Beach, un paquete de cuatro propuestas de ley que, de ponerse en marcha, ahorrarían al estado entre $350 millones y $400 millones por año.
Kelso dijo que su meta es ahorrar en el sistema de salud de las 33 prisiones estatales lo más que se pueda sin afectar la calidad.
El proyecto de ley AB1817, de Arámbula, busca limitar el acceso de los presos a los especialistas, tal como ocurre ahora con los seguros médicos conocidos como HMO.
La propuesta AB2747, de Lowental, propone establecer una farmacia central para dar abasto con medicamentos genéricos a las prisiones mientras que la AB1785, de Galgiani, requeriría que el sistema de prisiones emplee la telemedicina en sus 33 prisiones, lo cual permitiría que un médico atienda a sus pacientes a través de una computadora.
Leno explicó que la liberación de presos a punto de morir ya se lleva a cabo en 36 estados sin que esto represente un riesgo para la seguridad pública.
El asambleísta Arámbula, por su parte, confió en que el gobernador apoye este paquete de medidas, sobre todo porque les ha pedido ahorrar $850 millones en el presupuesto para el sistema carcelario.
El sistema de salud de las prisiones estatales fue tomado por el gobierno federal en 2005 debido a un par de demandas colectivas que pusieron al descubierto que el cuidado médico de los reos no cumplía con los requerimientos constitucionales.
"En la actualidad, más de la mitad de los prisioneros se encuentran enfermos", precisó Kelso.
Buick, jefe de los servicios clínicos del centro médico carcelario de Vacaville, precisó que tienen 2,007 presos enfermos, 17 de los cuales se encuentran en la residencia para los desahuciados con una esperanza de vida de menos de seis meses.
Cuando el hospicio se abrió, la mayoría eran reos enfermos de SIDA, hoy predominan los casos de cáncer.
"Creo que estamos haciendo un buen trabajo dando a los reos con un cuidado médico de acuerdo a lo que exige la Constitución", anotó.
"¿Cómo explicar a la gente allá fuera en medio de una severa crisis económica que los presos merecen atención médica de calidad", indic Buick.
"No es un asunto de darles acceso médico a los presos sino que si no los atendemos, cuando los liberemos vamos a enviarlos a la comunidad con problemas, poniendo en riesgo la salud y seguridad pública", expuso.
