Los dos grupos. ‘Legalicen a Los Ángeles, dicen unos. ‘Detengan la inmigración ilegal’, gritan otros. [Foto: Eileen Truax /La Opinión]
Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com
La historia se repite una y otra vez en Inland Empire: detienen a una persona sin motivo aparente, verifican sus documentos y la detención termina en deportación.
Así le ocurrió a Jesús Gómez, quien en enero al ir manejando a su casa de regreso del trabajo fue detenido. Tres horas más tarde era llevado a Mexicali; sólo entonces su familia fue notificada de la detención.
La frecuencia con la que se registran estas historias va en aumento. De diciembre de 2008 a finales de junio de 2009 hubo cerca de 30 redadas en Inland Empire, con al menos 50 deportaciones, más otros arrestos con fianzas de hasta 15,000 dólares.
Por esta razón, ayer por la mañana un grupo de cerca de 50 activistas, trabajadores y estudiantes se dio cita frente a las oficinas de inmigración de Riverside, para exigir al gobierno federal un alto a las redadas en tanto se debate en el Congreso una reforma migratoria.
Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), calificó las acciones de la Patrulla Fronteriza como inconstitucionales y aseguró que es preciso una reforma legal profunda. "El país cambió, su población cambió, pero la ley no ha cambiado y es tiempo de que lo haga", dijo.
Ángela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), recordó a propósito del Día de la Independencia que la Constitución protege a todos los habitantes sin importar su situación migratoria o perfil racial.
Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que es el momento de dar a conocer las historias de quienes han sufrido separación familiar, violación de los derechos humanos y abuso de las autoridades, para presionar y lograr un alto a las redadas.
Mientras, un grupo de cinco personas protestaba a gritos contra los activistas. Portando letreros que pedían un alto a la inmigración ilegal, elogiaron el trabajo realizado por la Patrulla Fronteriza. "Llévense su protesta a México, trabajen para ayudar a los que están allá", gritaba Robin Huidston.
Celia Chiprés, esposa del deportado Jesús Gómez, participaba en el evento tratando de contener el llanto. "Es importante que se sepan estas historias, lo que estamos viviendo las familias", comentó.
Según Celia, su esposo manejaba un auto a baja velocidad "porque se compran carros viejitos, no pueden correr mucho", cuando fue detenido por un policía. Le pidió sus documentos y Jesús le dijo que estaban en trámite. Inmediatamente fue detenido y llevado a las oficinas de inmigración; su llamada telefónica a su esposa fue abruptamente interrumpida por el oficial a cargo.
"Lo hicieron firmar su salida voluntaria diciéndole que si no lo hacía no iba a poder regresar en diez años; que si firmaba, en un año podía regresar cuando yo le arreglara sus papeles", comenta Celia. Jesús está desde enero en Michoacán, México; su hija de tres años exige por teléfono a su papá que regrese a casa.
La Opinión busco a representantes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas para obtener un comentario de su parte sin que al cierre de esta edición se hubiera obtenido una respuesta.
Otras organizaciones participantes fueron además, la Coalición por la Justicia de los Inmigrantes del Sur de California; el Centro de Oportunidad Económica de Pomona; CARECEN, CLUE e IDEPSCA.
Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com
La historia se repite una y otra vez en Inland Empire: detienen a una persona sin motivo aparente, verifican sus documentos y la detención termina en deportación.
Así le ocurrió a Jesús Gómez, quien en enero al ir manejando a su casa de regreso del trabajo fue detenido. Tres horas más tarde era llevado a Mexicali; sólo entonces su familia fue notificada de la detención.
La frecuencia con la que se registran estas historias va en aumento. De diciembre de 2008 a finales de junio de 2009 hubo cerca de 30 redadas en Inland Empire, con al menos 50 deportaciones, más otros arrestos con fianzas de hasta 15,000 dólares.
Por esta razón, ayer por la mañana un grupo de cerca de 50 activistas, trabajadores y estudiantes se dio cita frente a las oficinas de inmigración de Riverside, para exigir al gobierno federal un alto a las redadas en tanto se debate en el Congreso una reforma migratoria.
Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), calificó las acciones de la Patrulla Fronteriza como inconstitucionales y aseguró que es preciso una reforma legal profunda. "El país cambió, su población cambió, pero la ley no ha cambiado y es tiempo de que lo haga", dijo.
Ángela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), recordó a propósito del Día de la Independencia que la Constitución protege a todos los habitantes sin importar su situación migratoria o perfil racial.
Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que es el momento de dar a conocer las historias de quienes han sufrido separación familiar, violación de los derechos humanos y abuso de las autoridades, para presionar y lograr un alto a las redadas.
