Una ordenanza que adjudica responsabilidad legal a los vándalos y sus padres por daños civiles recibió ayer la aprobación final de la Junta de Supervisores del condado.
La ordenaza, la cual entrará en vigor en 30 días, autoriza al condado a demandar a quienes hagan gafito y a sus padres o guardianes, si se trata de menores, para recuperar gastos relacionados con la impieza de estos, señaló Brian Lew, portavoz del condado.
La ordenanza le permitiría al condado recuperar costos asociados con grafito de los propios vándalos que los crean o de sus tutores legales.
La supervisora Gloria Molina lideró la propuesta de dicha ley luego de que una abuela en Pico Rivera fuera víctima de disparos el 10 de agosto, 2007, al intentar detener a un vándalo para que no hiciera un grafito en una pared cerca de su hogar.
En respuesta a ese asesinato en Pico Rivera, el condado estableció una medida piloto de seis meses de duración, conocida como el Equipo para el Control del Vandalismo contra los infractores en Pico Rivera y de la zona no incorporada próxima a Whittier. Entre el 6 de enero y el 30 de junio, el equipo arrestó a 168 vándalos que habían causado daños estimados en 345 mil dólares, según el capitán Michael Rothans del Departamento del Sheriff.
El costo promedio de retirar o pintar para cubrir un grafito es de 552 dólares por incidente. Esta medida piloto para atrapar a los vándalos les ha costado a los contribuyentes unos 665 dólares por infractor. Los infractores adultos están sujetos a una citación civil emitida por el Sheriff, y multas por parte del condado. En la primera ocasión la multa sería de $250, la segunda y tercera de $750 y la cuarta de mil dólares.









