A Jessica se le salieron las lágrimas cuando recordó la escena en que su madre era arrestada y subida a una patrulla de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la tarde del 7 de febrero en la empresa Micro Solutions de Van Nuys.
"Sentí que mi mundo se acababa, creí que la iban a deportar, que ya no la iba a volver a ver", dijo esta jovencita de 14 años de edad ante los miembros de la Comisión Nacional sobre Mala Conducta del ICE y Violaciones a la Cuarta Enmienda, un foro organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos y del Comercio (UFCW).
"Sentí mucho temor, porque no sabía qué iba a pasar con mi mamá, si la iban a deportar en ese mismo momento, no sabía qué iba a pasar conmigo, porque mi mamá y mi papá trabajan, quién me iba a recoger en la escuela, si iba a volver a ver a mi mamá".
El testimonio de Jessica fue uno de varios que ayer se escucharon en la quinta y última audiencia que la Comisión Nacional ha realizado en el país para recoger las historias de quienes han sido afectados por las redadas que ha llevado a cabo ICE.
La Comisión Nacional, formada por sindicalistas, abogados, líderes comunitarios, religiosos y académicos, tiene la misión de acumular esos testimonios en contra de ICE para documentar supuestas violaciones a los derechos constitucionales.
"Para tener un reporte que va a incluir ese testimonio y recomendaciones sobre cómo tenemos que cambiar el comportamiento de los representantes de inmigración en nuestra comunidad", explicó María Elena Durazo, dirigente de la AFL-CIO e integrante de la comisión.
El reporte será entregado a los miembros del Congreso con la intención de que se reforme el sistema migratorio y se detengan las redadas, dijo Durazo.
"Esta comisión se formó para examinar las acusaciones de abuso y mala conducta de los agentes del ICE", dijo por su parte Joseph Hansen, presidente del UFCW.
Según Hansen, los agentes del ICE repetidamente abusan de los derechos constitucionales de los trabajadores. "Estos no son incidentes aislados, es un problema sistemático que está ocurriendo en cada región del país", aseguró. "El sistema de inmigración de nuestra nación es claramente disfuncional y el testimonio que esta comisión ha escuchado enfatizó en las tácticas ilegales de agentes de inmigración".
Virginia Kice, portavoz de ICE, rechazó dichas acusaciones. "Están sugiriendo que la operación de Van Nuys fue ilegal, pero podemos asegurar que esa acción de aplicación de la ley en Micro Solutions fue luego de obtener una orden de búsqueda girada por un magistrado, basada en la evidencia de violaciones criminales".
Las acciones de los agentes de ICE, sostuvo, se realizan de la manera más profesional y apegadas a las leyes y a los lineamientos operacionales de la agencia, así como teniendo en consideración las preocupaciones de índole humanitaria.
Kice desacreditó el panel de comisionados al señalar que no forma parte de ninguna entidad del gobierno y puso en duda la credibilidad y el proceso de la audiencia.
Susan Gzesh, directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, dijo que en las cuatro audiencias anteriores (Atlanta, Des Moines, Boston y Washington, D.C.) se han detectado violaciones constitucionales.
"Cuando estamos hablando de redadas a niveles masivos, que no habíamos visto en este país desde los 30, cuando tienes arrestos masivos es natural que están violando los derechos, porque la justicia no se imparte al mayoreo", comentó.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó, es parte del poder ejecutivo y por ello tienen mucha discreción en la manera en que aplican o no la ley. "Ese es un problema, porque ellos han decido hacer cosas que violan los derechos de las personas", mencionó.
Entre los panelistas de la Comisión Nacional de la UFCW estuvo el Cardenal Roger Mahony, quien refrendó su compromiso de defender a los migrantes porque además de ser un acto humanitario, los mismos indocumentados están contribuyendo a la sociedad y a la economía.
