En medio del debate migratorio, y con los presupuestos públicos de muchos gobiernos estatales y locales en números rojos, la exactitud de los datos del próximo censo será decisiva para minorías como la hispana.

"De eso dependen las dotaciones para educación, para iniciativas comunitarias y muchas otras cosas esenciales para las minorías", dijo ayer el senador Robert Menéndez (demócrata de New Jersey), copresidente de la Fuerza de Trabajo Hispana del Senado, tras haberse reunido con Steve Murdock, director de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

La reunión versó sobre la estrategia que seguirá el censo para alcanzar a las minorías en el conteo nacional de población que la Constitución estadounidense exige que se haga cada 10 años.

En el conteo de 2000, según datos del propio censo, se estima que entre unos 3.3 millones de personas no fueron contadas (1.2%).

Según un estudio del Centro Goldy Lewis de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el condado de Los Ángeles sufrió una alta concentración de errores que llegó a ser de hasta el 5.9% en algunos vecindarios. El estudio enfatiza que las zonas con conteo menos exacto eran generalmente las más pobres, con gran representación de minorías, y muchos niños menores. Vernon, Cudahy y Hawthorne son algunos ejemplos de ciudades con alto margen de error.

El anuncio en días pasados de que se ha reducido notablemente el simulacro de conteo, utilizado como prueba preparatoria para la recogida definitiva de datos, y que éstos se colectaran a la vieja usanza, es decir con "papel y lápiz" en lugar de computadoras manuales, no parece un principio muy prometedor.

William Ramos, director de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO) en Washington añade que el clima de miedo imperante entre los inmigrantes indocumentados hace que muchos rehúsen facilitar información al gobierno.

"Es fundamental transmitir la seguridad de que los datos del censo no se comparten con ninguna otra agencia, ni se pueden utilizar en contra de los indocumentados", señala Ramos, enfatizando que cualquiera que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de cómo haya llegado al país tiene derecho a ser contado sin represalias.

El alto volumen de casas vacantes debido a embargos o a la necesidad de ventas y mudanzas precipitadas, son otro factor de incertidumbre.

"Mucha gente está cambiando de dirección a menudo en medio de esta crisis de vivienda", dice Jared Rivera, director ejecutivo de L.A. Voice Pico, una organización comunitaria de Los Ángeles, que ahora está trabajando con NALEO.

Rivera afirma que es crucial que se contacten a quienes trabajan con las escuelas y las iglesias que seguirán siendo el punto de referencia de esas familias.

Pero a pesar de las dificultades del entorno actual que incluye las recientes redadas de trabajadores indocumentados, Menéndez considera que Murdock conoce los retos que presenta la elaboración del nuevo censo.

"Es consciente [Murdock] de que hay que comunicar el mensaje a las minorías, y su plan es involucrar a organizaciones y líderes comunitarios para que transmitan el mensaje", dijo el senador.

Sin embargo, Rivera asegura que en todos los años de trabajo con la comunidad no hay ninguna evidencia de que los datos facilitados al censo se utilicen en contra de los inmigrantes.

Se estima que el costo de la elaboración del censo 2010, según el Departamento de Comercio, del que esta agencia depende, alcanzará la cifra récord de 14,500 millones de dólares, unos 3,000 millones más de lo inicialmente proyectado.

Ramos, por su parte, indica que el total para la campaña de comunicación es de unos 212 millones de dólares. La empresa GlobalHue estará al frente de la campaña para las minorías hispana y afroamericana.