El letrero gigante, que puede verse desde cuadras a la redonda dice: "Legalize LA, Immigration Reform Now" (Legalicen a LA, reforma migratoria ahora). Podría decirse que tal demanda política se ha convertido en el eslogan de una inusual empresa cuya fuerza laboral es casi totalmente inmigrante y latina: American Apparel.

Ayer, la fábrica de la calle Alameda se convirtió en el centro de un llamado político a las autoridades migratorias por el presidente de la Asamblea estatal, Fabián Núñez, quien anunció que presentará en la Legislatura una resolución de condena de "prácticas cuestionables" en la conducción de redadas migratorias a centros de trabajo.

"Las prácticas de ICE (Oficina de Inmigración y Control de Aduanas) han llegado a un punto inaceptable", dijo Núñez. "No se justifica legalmente que violen los derechos civiles de la gente en la conducción de estas redadas".

Núñez, como también activistas que defienden los derechos de los inmigrantes, aseguran que ICE se extralimita en sus funciones cuando realiza "detenciones en masa", esto es, detiene a todos los presentes en una redada, mientras identifica a los indocumentados.

ICE, por su parte, ha indicado repetidas veces que sus operativos se realizan conforme a las leyes y reglamentos pertinentes.

Recientemente, el abogado Peter Schey, del Centro de Derechos Constitucionales de Los Ángeles, presentó 114 demandas federales en nombre de ciudadanos y residentes permanentes que fueron detenidos temporalmente durante la redada a Micro Solutions Enterprises, en Van Nuys, el pasado 7 de febrero.

No fue casualidad que la rueda de prensa en la que Núñez hizo el anuncio ocurriera en la empresa American Apparel, que ha tomado un rol muy público en apoyo a una reforma migratoria integral. Su fundador y presidente, Dov Charney, cerró la fábrica el pasado 1 de mayo para que sus empleados participaran en las marchas en favor de la reforma y planea volver a hacerlo mañana cuando se repetirán las manifestaciones.

"Este es un tema muy importante para nosotros", dijo Charney ayer, tras invitar a Núñez y a la prensa a un recorrido de las instalaciones de la compañía.

Pero American Apparel, empresa que se jacta de triunfar en los negocios además de ser socialmente responsable y ofrecer salarios dignos y beneficios a sus miles de trabajadores —cuatro mil sólo en Los Ángeles— aparentemente también está en la mira de ICE, que ha solicitado a la empresa sus archivos sobre el estatus de sus empleados.

"ICE ha pedido copias de los documentos de verificación de elegibilidad de empleo de los trabajadores de American Apparel", dijo Peter Schey, quien funge como abogado privado de la empresa. "La compañía cumple con todos los requisitos de la ley".

Schey sugirió que si la empresa se convierte en "objetivo" de un operativo de ICE, "una de las razones será ese letrero (Legalize LA) arriba del edificio".

Un periodista interrogó a Schey sobre la "posible" presencia de indocumentados en la fuerza laboral de la empresa. "Puede ocurrir que a pesar de los esfuerzos de verificar los documentos pertinentes, cualquier empleador en una zona urbana grande con población inmigrante contrate a indocumentados sin saberlo", reconoció Schey.

Núñez, por su parte, dijo que la Legislatura de California apoyará su resolución, que no tiene fuerza de ley y sólo es simbólica. También dijo que pedirá al líder del grupo legislativo latino que lleve a cabo audiencias para que examinen la conducción de las redadas.

"Este tipo de acción debe ser denunciada por cualquiera que crea en nuestra forma democrática de gobierno", dijo Núñez.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, elogió a la empresa por su apoyo a la reforma migratoria, y dijo además que "lo que queremos son soluciones reales al problema".

"Lo que hacen las redadas es separar familias, pero no solucionar el problema de fondo", dijo.