WASHINGTON, D.C.— Los senadores Robert Menéndez y Kirsten Gillibrand anunciaron ayer dos nuevos proyectos de ley para prevenir abusos perpetrados en redadas y al interior de centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque grupos celebraron la medida, coincidieron en que no es suficiente y enfatizaron la necesidad de una reforma migratoria integral.
"Cuando fui detenido en Arizona, en 2007, no tenía mi certificado de ciudadanía, no sabía que lo necesitaba para comprobar mi estatus. Yo nací en México, mi padre es estadounidense. Debido a que no poseía el documento, tuve que recurrir a otros papeles para probar mi estatus. Estuve 14 meses detenido", contó Héctor Veloz a La Opinión. "La vida allá es una prisión. No es un centro de detención para civiles donde sientes que tienes un cierto tipo de libertad. Prácticamente estás en tu celda 24 horas al día. La atención de salud se limitaba sólo a emergencias. Yo necesitaba tratamiento por mi cirugía de espalda y no hubo nada que se pudiera hacer", relató.
Casos similares al de Veloz, se reproducen con facilidad. Así lo han mostrado reportes como "Un sistema quebrado", del National Immigration Law Center (NILC) y el informe preliminar de la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); publicados en el último mes.
Los dos proyectos de ley "Protección para los ciudadanos que sufren detenciones ilegales" y "Proyecto para prevenir la muerte y abuso de detenidos", pretenden establecer un proceso básico para que no se continúe apresando a ciudadanos estadounidenses y residente legales de manera equivocada. Además, Menéndez explicó que "todos los individuos capturados en redadas deben ser investigados. Debe haber un discernimiento y una ley con estipulaciones firmes que pongan fin a las muertes y el sufrimiento innecesario; una ley que provea asistencia de la salud para los detenidos".
