Tom Pérez, confirmado hace apenas tres semanas como Vice Procurador y líder de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, sabe que tiene la mesa llena de trabajo.
"Quisiera decir que soy como el reparador de Maytag al que no lo llama nadie pero no, el teléfono no para de sonar", bromea Pérez, quien tiene una larga y reconocida trayectoria como abogado de derechos civiles. El vice procurador se reunió ayer con la Junta Editorial de La Opinión.
La tarea de ser "la conciencia moral" del país, que es como Pérez define a la oficina que encabeza por orden del Presidente Barack Obama, no es cosa sencilla, particularmente cuando hay un marcado aumento en delitos de odio y tras varios años de la administración Bush, poco interesada por el tema.
"Sabemos por un informe del Inspector General que hubo muchas transgresiones entre el terreno político y el profesional en este departamento en el anterior gobierno. Lo que quiero es restaurar esa confianza y el papel que tenemos en hacer cumplir los derechos civiles de las personas", dijo Perez, de visita en Los Ángeles.
Esta oficina ha sido catalizadora de muchos cambios en el pasado. Por ejemplo, fue bajo amenaza de demanda por esta entidad que el LAPD entró en el acuerdo de consentimiento que vigiló las reformas más importantes a ese departamento. Hay otros ejemplos.
Pérez, quien fue fiscal del mismo departamento que ahora dirige, dice que entre las prioridades estará el tema de los delitos de odio, los derechos del voto y la discriminación en vivienda.
No quiso comentar directamente sobre la investigación que su oficina sigue al tristemente famoso sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio.
"Tenemos una investigación en curso, tenemos autoridad de investigar posibles violaciones constitucionales y lo estamos haciendo por partida doble: una por posible uso de perfil racial en detenciones y otra por acusaciones de negar tratamiento médico a indocumentados en las cárceles", explicó Pérez.
Sin entrar en detalles, indicó que este tipo de caso, en caso de hallarse razones legales, podría terminar en un acuerdo de consentimiento para forzar reformas en los departamentos investigados.
El vice procurador apuntó que en caso de los delitos de odio y del repunte en la actividad de grupos racistas, "sabemos que además, no se reporta todo lo que ocurre".
"Hay un aumento de este tipo de ataques de un 50%, pero estimamos que debe ser mucho mayor", indicó.
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