WASHINGTON, D.C.— El jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, fue enfático al afirmar que leyes como SB1070 "condenan a las fuerzas policiales a fracasar" en su actividad, tras la reunión sostenida ayer entre representantes de seguridad de las principales ciudades del país y el Procurador General, Eric Holder.
"Si esto pasara en California, especialmente en Los Ángeles, sería severo. Inhibe que las personas se acerquen como víctimas, testigos y que participen en el proceso legal extenso vigente, para llevar un caso a juicio. Rompe la confianza con la comunidad, que hemos construido durante 32 años", aseguró Beck.
Junto a colegas provenientes de Phoenix, Tucson, Sahuarita, Filadelfia, Houston, Mineapolis, San José (CA), Salt Lake City y Montgomery County, el jefe de la policía de Los Ángeles se reunió durante cerca de una hora con Holder.
Todos coincidieron en que, durante el encuentro, insistieron al unísono en que el trabajo principal de las fuerzas de seguridad no es regular el estatus migratorio, sino proteger al público y reducir la delincuencia.
Además, resaltaron que Holder no entregó ningún indicio respecto a una posible fecha para tomar la decisión sobre si iniciar una acción legal en contra de la ley SB1070 y señalaron que reiteró el mensaje que otros representantes del Departamento de Justicia han señalado en reuniones anteriores, es decir, que "el tema se está considerando seriamente y la resolución será adoptada pronto".
De hecho, los líderes policiales aseguraron que gran parte de la conversación con Holder estuvo centrada en preguntas que el Procurador General buscaba responder, respecto a cómo una legislación como SB1070 afecta el trabajo en terreno.
"Si las personas no colaboran con la policía, sin importar qué tipo de estatus tienen, estamos condenados a fallar. No veremos los descensos que estamos experimentando hoy en nuestras jurisdicciones", dijo Beck tras el encuentro.
"El crimen no está en aumento en Arizona ni en ninguna otra parte. El crimen violento ha estado descendiendo durante los últimos ocho años en Los Ángeles porque el trabajo entre la policía y la comunidad ha funcionado", agregó.
Más aún, jefes de policía como Rob Davis, del Departamento de San José, California, enfatizaron que iniciativas como SB1070 pueden incluso incitar a cometer actos criminales en contra de inmigrantes.
"Somos las botas en terreno que sabemos realmente cómo son las cosas. Conocemos de la existencia de criminales que específicamente se enfocan en individuos que ellos saben que no reportarán los crímenes", explicó.
Otra de las inquietudes que los jefes policiacos trajeron a Washington se centró en el financiamiento involucrado en la implementación de legislaciones migratorias similares a las de Arizona.
"¿Realmente tenemos los recursos para responder o traer a la gente bajo custodia y procesarla? No", dijo Davis.
Frente a los diferentes reportes de personas que están indicando que ciertos agentes en Arizona ya están actuando conforme a las provisiones de la SB1070, a pesar de que lo ha sido implementada, el jefe de policía de Tucson, Roberto Villaseñor, reconoció que es un problema que ya está en curso y que ha complicado más la situación vigente.
Al respecto, Beck aprovechó también para asegurar que "el Departamento de Policía de Los Ángeles no está realizando ningún tipo de cambio relacionado con inmigración".
"Como parte del área educacional de los agentes, como lo es para todos, tenemos que estar seguros de que entienden la realidad de las leyes y de lo que el Departamento de Policía y la comunidad espera de ellos. Siempre habrá diferencias de opinión particularmente de temas políticos en cualquier organización, pero en los departamentos de policía los agentes siguen las reglas", insistió.
Reglas que en caso de que la ley SB1070 sea implementada el 29 de julio, los jefes policiales de Arizona tendrán que seguir, sin importar la opinión que manifestaron públicamente ayer.
En estados como Arkansas, Idaho, Indiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas y Utah, diversos legisladores han manifestado sus intenciones de seguir los pasos adoptados en Arizona.
