PHOENIX, Arizona.— Los efectos económicos de la ley SB1070 ya se sienten en las arcas de Phoenix, pero congresistas y activistas por los derechos humanos pidieron ir más allá y solicitaron a consumidores nacionales e internacionales a que den la espalda a la economía de Arizona.
El llamado que realizaron es hasta tanto ese estado no elimine la ley SB1070 que criminaliza a la inmigración indocumentada.
El clamor fue vitoreado por una multitud enardecida de más de 5,000 personas que la tarde de ayer se dio cita frente al Capitolio de Phoenix, donde desde tempranas horas cientos de banderas de México y EEUU ondearon al aire.
"El gobierno estatal y los condados dependen de los impuestos que paga la gente y si este estado o la gobernadora o el Senado se dan el lujo de abusar y si quieren actuar con xenofobia, entonces van a tener que atenerse a las consecuencias. Y ésta es la falta de apoyo económico a este estado", recalcó el congresista Luis Gutiérrez en su discurso. El líder del Caucus Hispano recalcó que entre el 31 de mayo y el 4 de julio, existe la oportunidad de renovar las conversaciones en torno a la reforma migratoria, una lucha que se ha reavivado debido a las acciones racistas emprendidas por Arizona.
Por su parte, Raúl Grijalva convocó a las compañías, a lo largo y ancho del país, a sumarse a un boicot económico contra esa entidad."No vamos a gastar nuestro dinero en Arizona y si el presidente Obama realmente quiere escuchar nuestro mensaje, entonces deberá dar instrucciones para que el Departamento de Seguridad Nacional no coopere con las acciones racistas de este estado", expresó Grijalva.
Gritos de ‘Sí se puede’, ‘Yes we can’ y ‘Obama escucha estamos en la lucha’ respondieron a los discursos en medio de un clima de fiesta que contrastó con las lágrimas y los rostros de frustración de la protesta del viernes, cuando la gobernadora Jan Brewer estampó su firma en una ley que otorgará a la policía el poder de arrestar y deportar a las personas si existe la "sospecha razonable" de que es indocumentado.
Sin embargo, en su discurso a la audiencia el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, recalcó que castigar la economía de Arizona no es la solución y urgió a la comunidad que "por favor, por favor" agote todas las medidas legales antes de afectar las frágiles finanzas. "Esto es devastador no sólo para los inmigrantes sino para todos, ya estamos actualmente en una crisis económica de gran proporción y un boicot es simplemente una mala decisión que nos perjudica a todos", dijo.
Gordon detalló que ha recibió información de que al menos tres conferencias nacionales y diversos eventos deportivos que tendrían lugar en Phoenix fueron cancelados.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración suspendió su convención nacional en Scottsdale. evento que dejaría al estado más de $100 mil, y decenas de camioneros acordaron no trasladar ni recoger cargas desde y hacia Arizona. Más aún, en términos económicos el grupo de análisis financiero Perryman Group estimo que si Arizona deportara o perdiera a sus casi 460 mil indocumentados, dejaría de percibir $26,000 millones anualmente.El alcalde pidió no poner presión a los negocios y corporaciones ya que las medidas sólo incrementan los problemas que actualmente vive la comunidad inmigrante.
Aunque el boicot fue motivo de desacuerdo, todos coincidieron en que la ley SB1070 abre las puertas a la discriminación racial."Esta ley no es contra la migración indocumentada, esa es sólo una excusa. Esta ley no sólo persigue a las niñeras, al jornalero, esa fue la semilla; lo que en realidad repudian es al hispano a las personas de color", recalcó Pedro Alvarado, líder de la Red Nacional de Jornaleros.Alvarado dijo que continuarán peleando contra la decisión de la gobernadora de perseguir a los hispanos. En las próximas dos semanas comités de jornaleros estarán visitando hogares para decirle a las personas que no tengan miedo y peleen por sus derechos.Los activistas preparan también un acto de desobediencia civil encabezada por líderes políticos y el próximo martes el Caucus Hispano sostendrá desde el congreso una pelea para revocar la ley.
Cientos de personas viajaron desde diversos rincones de Arizona, así como asociaciones de coreanos en Los Ángeles y cientos de estudiantes de California, Colorado, Utah y Texas, todos dejando en claro que la nueva ley no los intimida."La ley es muy racista y la gente tiene miedo, muchos dicen que se van a regresar a sus países y otros estamos aquí decididos a pelear", comentó Claudia Salazar, abrazada a sus dos hijos, y una de las decenas de familias que se movilizó de Tucson hasta Phoenix.
A dos días de haberse aprobado la ley, bajos los árboles o a pleno sol, en un ambiente de olor a Copal, incienso y danzando al sonido de tambores coreanos o pegajosas cumbias a Obama, el parque del Capitolio dejó atrás el dolor del pasado viernes. Se celebró una fiesta familiar y pacífica para reafirmar su rechazo al racismo, siempre bajo la mirada de decenas de agentes de la policía estatal y local.
