WASHINGTON, D.C.— Por primera vez desde el comienzo de las negociaciones sobre reforma migratoria en este Congreso, el senador Chuck Schumer (D-NY) y Lindsey Graham (R-SC) publicaron un documento relacionado con su propuesta migratoria en el Senado, donde se especifica que para tener acceso a la legalización las personas tendrán que admitir que "violaron la ley".
En la reunión con el presidente Barack Obama celebrada la semana pasada, ambos legisladores entregaron un documento con un marco de trabajo, el que luego se tradujo en una columna de opinión publicada hoy en The Washington Post.
Ahí se especifica que se les exigiría a los indocumentados "admitir que violaron la ley y el pago de su deuda a la sociedad mediante la realización de servicio comunitario y la cancelación de multas e impuestos atrasados". Además, "estas personas estarían obligadas a pasar controles de antecedentes y hablar inglés, antes de ponerse atrás de la línea para obtener su residencia".
La forma en que Graham y Schumer presentarían la vía a la legalización y el costo que ésta implicaría, ha sido una preocupación para diversos grupos activistas desde el comienzo de sus negociaciones.
De hecho, esa es la razón por la que en el Capitolio han circulado los resultados de encuestas como la realizada por Benenson Strategy Group, entre el 19 y 20 de diciembre de 2009, citada por La Opinión a comienzos de marzo.
En ella se comparó la opción de "declararse culpable de un crimen por estar en el país ilegalmente, pagar una multa de 2,500 dólares y realizar 35 horas de servicio comunitario, después de las cuales la persona no tendría un récord criminal", versus un recargo tributario por un lapso de cinco años, cuyos recursos se destinarían al fondo de seguridad social. Los resultados del documento daban mayor apoyo a la primera opción.
Fuentes al interior del Congreso confirmaron a La Opinión que la opción citada en la encuesta no estaba sobre la mesa en las negociaciones realizadas a comienzos de marzo. No obstante, la columna publicada por Graham y Schumer abre claramente el debate respecto a qué implicará específicamente "admitir que se violó la ley".
El documento también repite el mensaje general entregado por Schumer en julio del 2009 cuando delineó sus principios de una reforma migratoria: "Los estadounidenses se oponen a la inmigración ilegal y apoyan la inmigración legal".
A su vez, se especifican cuatro pilares básicos: exigir tarjetas de seguridad social biométricas para asegurarse que los trabajadores indocumentados no tengan trabajo; fortalecer el cumplimiento de los compromisos en materia de seguridad fronteriza; crear un proceso para la admisión de trabajadores temporales y la implementación de un camino a la legalización de los que ya están aquí.
"Nosotros necesitaríamos que todos los ciudadanos de Estados Unidos y los inmigrantes legales que desean un empleo obtengan una tarjeta de seguro social a prueba de fraudes. El identificador biométrico único de la tarjeta será almacenado sólo en ella; ninguna base de datos del gobierno tendrá esa información. Las tarjetas no contendrán ninguna información privada, médica, ni dispositivos de seguimiento. La tarjeta será una versión de alta tecnología de la tarjeta de la Seguridad Social que los ciudadanos ya tienen", dice la columna.
La semana pasada el senador Lindsey Graham atacó fuertemente el liderazgo de Obama en inmigración, e incluso dijo que esperaba que la Casa Blanca delineara una propuesta. Sin embargo, el hecho de que su nombre esté en este documento indica que, más allá de la retórica, está trabajando en este tema.
Ayer, minutos después de la difusión del marco de trabajo, Obama lo respaldó a través de una declaración donde dijo que le complace "ver que los senadores Schumer y Graham han producido un prometedor marco bipartidista que puede y debe ser la base para seguir adelante", dando su apoyo a las provisiones propuestas por los legisladores.
"Mi administración consultará más con los senadores sobre los detalles de su propuesta, pero el próximo paso crucial será traducir su marco en una propuesta legislativa, y que el Congreso actúe a la brevedad posible", dijo.
Después de varias semanas apelando a un mayor liderazgo público de la Casa Blanca, diversas organizaciones pro inmigración ven los acontecimientos como señales positivas. "Se le pidió al Presidente que ayudara a acelerar el proceso y que al momento que los senadores difundieran el marco de trabajo, la Casa Blanca lo apoyara. Las piezas van cayendo en su lugar, ni lo que Schumer y Graham hicieron es el total de lo que tienen que hacer. Obviamente lo que le sigue es hacerlo realidad", dijo Clarissa Martínez, directora de inmigración y campañas del Consejo Nacional de la Raza (NCLR).
Precisamente, ahora el siguiente paso debiera ser la introducción de un proyecto de ley, cuando los tiempos se acortan cada vez más, en un año de elecciones legislativas.
Esta semana el senador Patrick Leahy (D-VT), presidente del Comité Judicial del Senado, donde la propuesta sería introducida, dijo en una declaración que "continuará trabajando con Schumer, Graham y todos los que quieran. Además de colaborar con el liderazgo del Senado y el Presidente para determinar la mejor manera de proceder".
Sin embargo, aún no hay fechas claras a tan sólo dos días de la Marcha por América.
