WASHINGTON, D.C.— Revuelo ha causado en Washington la divulgación del caso de dos argentinos que trabajaron como informantes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que ahora alegan una falta de cumplimiento por parte de la agencia. Mientras, ICE se defiende remitiéndose a las condiciones del acuerdo.
Los hermanos argentinos Emilio y Analía Maya, llegaron a un arreglo con ICE en el 2005, para trabajar como informantes enfocados en identificar a inmigrantes indocumentados envueltos en drogas, pandillas, tráfico humano, prostitución, entre otros delitos.
A cambio, ICE les proveería permisos para trabajar y el acceso a visas S, un tipo especial asignado a personas que ayudan a las autoridades y que les ofrece un camino para obtener su legalización. Sin embargo, ahora Emilio está a punto de ser deportado, mientras el estatus de su hermana está en revisión. El caso de esta familia no es el único que ha salido a la luz pública.
De acuerdo a trabajos elaborados por el Center for Investigative Reporting, existen decenas de personas en situaciones similares. Varios grupos hispanos han reaccionado ante el caso de la familia Maya. De hecho esta semana, los Líderes Latinos Evangélicos y directores de CONLAMIC aprobaron una resolución para exigir al Departamento de Seguridad Interna que "haga público el criterio que usan los agentes de inmigración para reclutar informantes, quienes espían y buscan información entre la comunidad inmigrante indocumentada".
Jessica Vaughan, directora de política del Centro de Estudios sobre Inmigración, enfatizó que este tipo de programas es "tremendamente útil", no obstante insistió en que "existe la posibilidad de abusar del sistema por ambas partes".
"Es difícil saber realmente lo que pasó en el caso Maya, pero la única manera en que las personas cooperen realmente con ICE, es que tengan la certeza de que la agencia cumple con sus promesas", dijo.
Fuentes vinculadas con la comunidad de inteligencia aseguraron a La Opinión que el uso de informantes es considerado como "una herramienta esencial por diversas agencias y que en general los acuerdos a los que se llega con esta personas son cumplidos". sin embargo no entraron en detalles respecto a la situación de ICE en particular.
El vocero de ICE, Brian Hale aseguró que su agencia no puede emitir comentarios respecto al caso Maya o cualquier otro. A su vez, recalcó que el acuerdo que se realiza en general en este tipo de ocasiones, está sujeto a que las personas actúen de "buena fe" y provean "información substancial a la investigación, que resulte en arrestos". "Si los informantes no actúan de buena fe y utilizan el sistema para su beneficio, entonces no se continúa con el acuerdo y enfrentan orden de remoción", dijo.
"Si existen individuos con información que pueda ayudar a nuestra investigación, necesitamos trabajar con ellos y para eso deben confiar en nosotros. ICE honra sus compromisos", concluyó.
Algunos medios de comunicación estadounidenses han reportado que en combinación ICE y DEA pagan cerca de 20 millones de dólares anuales a informantes para realizar sus investigaciones. En particular se ha informado que ICE pagó 9.5 millones de dólares el año pasado para unos 2 mil 800 informantes, no obstante esta información no fue confirmada por la agencia. En 1994, el Congreso creó la visa S, cuyo límite anual son 200 cupos, los que nunca se han completado desde el inicio del programa.
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