WASHINGTON, D.C. (EFE).— El Congreso de Estados Unidos debe corregir cuanto antes la crisis "humanitaria y de derechos civiles" que afrontan los estudiantes indocumentados en este país, según pidió ayer un grupo que representa a más de cinco mil universidades.
"A medida que Estados Unidos busca suplir la necesidad de una fuerza laboral con educación universitaria, no debe dar la espalda a jóvenes que pueden fortalecer el bienestar económico y social de nuestro país", argumenta el College Board, que representa, en efecto, a más de cinco mil universidades y centros de enseñanza superior en el país.
Se trata de la primera vez que el College Board se manifiesta públicamente a favor del proyecto de ley Dream Act, que estudia el Congreso y que, de ser aprobado, permitiría la legalización de buena parte de los estudiantes indocumentados en Estados Unidos.
El informe de 32 páginas ha sido divulgado en momentos en que varios estados de la nación bloquean o intentan poner trabas a cualquier esfuerzo que beneficie a los estudiantes incodumentados.
Por ejemplo, Georgia, Oklahoma, Colorado y Arizona prohíben que los estudiantes indocumentados paguen las matrículas que corresponden a quienes viven en esos estados, por lo que aumenta sustancialmente el costo final de sus cursos.
Entre mayo y junio próximos, más de 65 mil estudiantes indocumentados que llevan al menos cinco años en Estados Unidos se graduarán de secundaria, y mientras la mayoría de los estadounidenses graduados hace planes para la universidad, aquellos afrontan un verdadero "callejón sin salida", recordó College Board.
En el informe titulado Vidas jóvenes en espera: los sueños universitarios de estudiantes indocumentados, Roberto G. Gonzales, un catedrático de la Universidad de Washington en Seattle, argumenta que, aparte de las trabas académicas, "la insostenible situación de estos estudiantes constituye un problema humanitario y de derechos civiles".
Además, el informe "desacredita los mitos de que los estudiantes indocumentados puedan limitar las oportunidades de los demás".
De acuerdo con un dictamen judicial de 1982, los indocumentados tienen derecho a la educación pública en la primaria y la secundaria, y la ley federal en sí no prohíbe que éstos puedan asistir a la universidad.
En la práctica, sin embargo, estos estudiantes afrontan numerosos obstáculos, incluyendo los requisitos de admisión, restricciones para acceder a la matrícula estatal y la falta de ayuda financiera.
El grupo, conocido por los exámenes SAT que usan las universidades para evaluar las solicitudes de nuevos estudiantes, consideró contraproducente el continuar negando a los indocumentados la oportunidad para alcanzar su máximo potencial.
"Si no educamos a estos estudiantes... estamos desperdiciando su talento e imponiéndoles graves costos económicos y emocionales, tanto a los estudiantes indocumentados como a la sociedad estadounidense en general", destacó el informe.
Así, el College Board se suma a decenas de líderes del Congreso y organizaciones pro inmigrantes que apoyan el Dream Act.
Según el grupo, este proyecto educativo daría a al menos 360 mil indocumentados graduados de secundaria "los medios para trabajar legalmente y acceder a recursos para ir a la universidad".
Además, daría incentivo a otros 715 mil jóvenes entre 5 y 17 años de edad para que terminen sus estudios secundarios y eventualmente opten por la enseñanza superior.
No es la primera vez que el Congreso estudia alguna versión del Dream Act, pero, desde 2001, los esfuerzos han fracasado gracias a grupos que se oponen a la reforma migratoria.
Para Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración (NIF), el apoyo del College Board al Dream Act es "un reconocimiento a las valiosas contribuciones de los estudiantes inmigrantes y lo útil que pueden ser para la recuperación de nuestra economía".
Varios líderes del Congreso apoyan la idea de que el Dream Act sea parte de una reforma migratoria que permita la legalización de la población indocumentada.
Sin embargo, sus detractores aseguran que una reforma migratoria, en plena crisis económica, sólo reduciría las ya mermadas oportunidades de educación y de trabajo para el resto de los estadounidenses.
