MÉXICO, D.F.- Asaltaron, robaron e intentaron matar a una mujer para robar su casa; atacaron sexualmente a sus propias hijas y sobrina; financiaron la compra de aeronaves para introducir droga a Estados Unidos, su país, donde blanquearon dinero ilícito; asesinaron a novias y rivales de pandilla con armas y puñales para luego… ¡huir a México!
La justicia norteamericana los acusa de actos contra la salud y lavado de dinero en Columbia, Florida y Texas; por delitos sexuales y amenazas contra menores de edad en California; de homicidio, por las Cortes del condado de Travis, Texas, y Riverside, California; de asesinato doloso y robo en Maryland.
Los 11 prófugos de la justicia norteamericana que redondearon a 100 el número de estadounidenses extraditados desde México y que hoy llegan a su patria son parte de una lista de 284 ciudadanos de ese país que desde enero de 2007 han cruzado la línea fronteriza del sur en busca de un refugio de impunidad, pero fueron capturados.
"Cada uno de estos peligrosos criminales ahora ha sido retirado de las calles de México", resaltó en un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia encargada de los procesos de extradición.
Son Víctor Manuel Contreras Soltero; Arturo Casas Vásquez, "El Peli"; Leonardo Vásquez Estrada; Jesús Emilio Rivera; Rodolfo Villela Tovar; Joel Núñez Valles; Jesús Manuel Garza, "Chuy"; César Pacheco y Francisco Contreras de diversos estados dela Unión Americana.
De California: Gabriel Cabrera López enfrenta cargos de abuso sexual y violación de su hija y de una sobrina durante un período de 15 años y Arnoldo Vargas Esteves, por la muerte de un miembro de una pandilla enemiga en diciembre de 1998.
El director general de extradiciones y asistencia jurídica de la PGR, Leopoldo Velarde, considera que el ser norteamericanos de origen mexicano influye en la decisión de los fugitivos de venir a este país.
"La gente piensa que estando en México con vínculos familiares, amigos o conocidos es más fácil esconderse", precisa en entrevista para explicar la reiterada presencia de apellidos de origen hispano en la lista.
A esta lógica recurrió Sergio Alfredo Gastélum, acusado de asesinar a una persona por ajuste de cuentas del crimen organizado en el condado de Solano, California.
Prófugo de la justicia y con familiares en el norteño estado mexicano de Sinaloa se refugió por dos años sin problemas en el caluroso y polvoroso poblado de Las Glorias, municipio de Guamúchil, hasta donde llegaron policías para capturarlo el pasado 19 de octubre.
Héctor Barrientos, perseguido en el estado de Nebraska por tráfico de cocaína, voló a la fronteriza Reynosa, Tamaulipas, donde tenía amigos y compañeros de negocios, para montar su escondrijo en un hotel durante 36 meses: la Policía Federal Ministerial lo aprehendió en el lugar el 15 de junio de este año.
Las autoridades destacan que además de los lazos hay otras características de peso para que los ciudadanos de EEUU consideren a México como el sitio ideal para escapar: desde el ingreso sin visa, la cercanía geográfica, la hospitalidad de la gente y la imagen de en México no opera la justicia.
"Hace muchos años la corrupción y el mal sistema de impartición de justicia provocaba que mucha gente pudiera vivir en la impunidad, pero con los años lo hemos podido superar", afirma Velarde. "Es por eso que el gobierno de EEUU ahora nos comparte información al respecto".
El Tratado de Extradiciones entre ambas naciones entró en vigor en 1980; pero es hasta en los últimos años cuando se incrementó el número de respuestas del lado mexicano con 83 en 2007, 95 en 2008 y el centenar para este año contabilizado hasta octubre.
Por el contrario, de Estados Unidos hacia acá han sido repatriados sólo 18 personas, aunque estos números dependen de las solicitudes de captura del país interesado.
Entre las deportaciones realizadas por México destacan rufianes proclamados como "más buscados" por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como Jon Savarino Schillaci, de 36 años, sobre quien pesaban 23 cargos por abuso de menores y posesión y distribución de pornografía infantil con recompensa de 100 mil dólares por cualquier información que contribuyera a su arresto, que se logró en 2008.
También la de Michael Paul Astorga, fugitivo estadounidense que en 2006 asesinó a James McGrane, Sheriff Adjunto de Nuevo México y huyó a Ciudad Juárez.