Aunque la trata sexual acapara comúnmente los medios de comunicación, en California el 53% de la esclavitud se da en el sector laboral, siendo el servicio doméstico con 33% el de mayor índice.
Al amparo de torturas y amenazas, no sólo redes de traficantes sino ciudadanos en general esclavizan a personas vulnerables.
En septiembre de 2004, la Corte logró un arreglo financiero a favor de Nena Jimeno Ruiz, quien fue traída a Los Ángeles desde Filipinas bajo falsas promesas y luego fue forzada a trabajar jornadas de 18 horas por día en una casa de un ejecutivo de Sony Pictures.
Según documentos de la Corte, Ruiz era obligada a dormir en una cama para perros y recibió amenazas de que nunca vería a su familia si se quejaba.
En junio de 2006, 11 guatemaltecas —tres de las cuales tenían 13, 14 y 16 años de edad— fueron rescatadas de una red que las obligaba a prostituirse, atendiendo hasta 20 clientes por noche.
Sus victimarias, Gladys Vázquez (ciudadana guatemalteca y jefa de la banda), Miriam Vázquez (hermana de Gladys) y su esposo, Gabriel Valenzuela (de nacionalidad mexicana), así como Cristina (la hermana mayor y que fungía como guardia), están ahora tras las rejas.
Los tratantes les cambiaban los nombres y las trasladaban a seis distintas casas donde las prostituían. Todas fueron traídas a Estados Unidos a través de Tijuana con la promesa de que serían contratadas en joyerías y restaurantes, pero primero debían dedicarse a la prostitución para pagar una deuda de 20 mil dólares por el viaje, el hospedaje y la alimentación.
"Las organizaciones que trabajamos estos casos sabemos lo que está pasando en las calles, pero fuera de este grupo la gente regular piensa que esto son cuentos de hadas, casos aislados, pero ¡hello!, está pasando aquí mismo, en el centro de Los Ángeles, en los clubes de hombres. Están vendiendo y explotando mujeres, niños, gente que no habla inglés, personas con sueños. ¡Tenemos esclavitud!", declaró Vera Mijojlic, especialista en trata laboral de mujeres europeas.
Ese mismo año, otro caso conmovió a la ciudadanía. Una pareja de egipcios se declaró culpable de forzar a una niña egipcia de 10 años de edad a trabajar como sirvienta para su familia de siete personas en Irvine.
La habían forzado a vivir en garaje, sin ventilación ni luz y le prohibieron ir a la escuela o ver doctores por dos años.
Entre 1998 y 2003, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley detectó 67 operativos de trabajo forzado en San Francisco, Los Ángeles, San José y San Diego, los cuales involucraron a 500 individuos de 18 países. La gran mayoría provenía de México y Perú.
Las grandes corporaciones también juegan un papel importante. Actualmente activistas han emprendido conversaciones con cadenas restauranteras como Red Lobster para que no compre camarón a Bangladesh, país que utiliza mano de obra esclava.
La firma de ropa GAP recibió fuertes críticas, pues sus prendas estaban siendo confeccionadas por esclavas en la India. Tras el escándalo, esta empresa finalizó sus contratos con esos proveedores.
Además, un grupo de productores agrícolas de Florida tocó la llaga de cadenas como McDonald’s y Burger King, para que cesen de comprar jitomates recolectados por campesinos explotados en los campos estadounidenses.
"A los consumidores les enferma la esclavitud, pero en la gran mayoría de los casos ni siquiera se dan cuenta y ese es el gran problema", indicó Kevin Bales, titular de la organización Free The Slaves, la más antigua y extensa de EU.
Según informes del reporte estatal contra el tráfico de humanos, entre el 1 de diciembre de 2005 al 12 de marzo de 2007, se identificaron 559 víctimas en todo el estado, la mayoría mujeres explotadas sexualmente.
Para estos delincuentes la penalidad promedio es de 8 años a prisión de por vida; sin embargo, llegar hasta ellos es una tarea difícil, dijo Lauren Mack, portavoz de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Desde 2003, el ICE ha arrestado a más de cinco mil traficantes de personas, y aproximadamente 2,300 de ellos han sido hallados culpables.
"Sin el testimonio de testigos no podemos avanzar mucho", indicó Mack.
De acuerdo con la Universidad de Berkeley, entre los motivos más comunes sobre el porqué no denunciaban el abuso, el 97% de las víctimas dijo temer ser deportada. Un 90% no confía en el sistema y un 85% tiene dificultades con el idioma.
