El Departamento de Trabajo (DOL) decidió ayer suspender las modificaciones al programa de trabajadores visitantes H-2A introducidas por la anterior administración en diciembre del año pasado. Las modificaciones, que empezaron a aplicarse el 17 de enero de este año, se justificaron por parte de la Administración Bush, como un intento de hacer más fácil el empleo de trabajadores extranjeros, cuando no existen candidatos estadounidenses para cubrirlos.
Las mismas eliminaban parte de la burocracia necesaria para llevar a cabo este tipo de contrataciones, aminoraban los requisitos para probar la carencia de trabajadores nacionales, y reducían los costos salariales para los empleadores.
Los cambios fueron bien recibidos por la mayoría de los empleadores, pero criticados por grupos de defensa de los inmigrantes y sindicatos
En la regulación emitida ayer por DOL, y firmada por la secretaria del Departamento, Hilda Solís, dicho organismo establece un periodo de nueve meses en el que regirá la normativa inicial, señalando que los cambios realizados por la anterior Administración no encajan con los puntos de vista del gobierno del presidente Barack Obama, en cuanto a política laboral y migratoria.
Aplauso del UFW
Arturo Rodríguez, presidente de United Farm Workers (UFW) considera que restituir los requisitos iniciales del programa, es un paso positivo para trabajadores agrícolas.
"Las normas de la Administración Bush rebajaron las protecciones a los trabajadores y su compensación, facilitando que se dejaran de lado a los trabajadores legales de Estados Unidos a favor de los visitantes", dice Rodríguez.
Se estima que en los campos del país anualmente trabajan en torno a medio millón de trabajadores ilegales, siendo este uno de los aspectos que el programa H-2A trata de solucionar.
Sin embargo, en lo que coinciden empleadores y sindicatos es en que el mismo – tanto en su versión original ahora restituida, como cuando fue modificado por la anterior administración- deja pendientes muchos aspectos que sólo podrán solucionarse mediante una reforma migratoria comprehensiva.
"Las reformas de la anterior administración, ahora anuladas, fueron sólo un moderado alivio a las dificultades para contratar trabajadores inmigrantes", dice
Bryan Little, especialista de asuntos laborales para el Buró Agrícola de California (CFB), organización que representa a los propietarios de granjas y compañías agrícolas.
Little señala que el tira y afloja en cuanto a los requisitos del H-2A sólo agudiza la confusión respecto al programa y es una prueba más de sus ineficiencias.
Little informa que el mismo exige que a los trabajadores visitantes se les pague hasta un 40 o 50% más que el salario promedio en su categoría.
El H-2A requiere el pago del llamado salario de efecto adverso que se obtiene haciendo un promedio de los ingresos en diferentes puestos en agricultura (por ejemplo, capataz, cosechero, operador de maquinaria específica, etc.), a diferencia del "salario prevalente", que es un promedio de los salarios pagados en el mercado para un puesto concreto.
Manuel Cunha, presidente de la Liga Nisei –organización que aboga por los derechos de los cosecheros californianos- enfatiza que el programa H-2A es muy difícil de usar, debido no sólo a su costo, sino a las dificultades que impone a la hora de probar que no hay trabajadores nacionales disponibles para el trabajo.Sin embargo Cunha informa que ese no es el caso en la actualidad."Ahora no falta mano de obra en los campos, porque todos los que dejaron el sector para irse a la construcción han vuelto", dice Cunha. Cunha confía en que para cuando la recesión económica empiece a remitir, posiblemente en el año próximo, la actual administración pueda acometer una reforma en profundidad de la contratación de trabajadores inmigrantes."Ahora mismo eso es imposible, pues hay demasiadas emergencias que atender", dice Cunha.
