Muchas veces los arrendatarios no se enteran que la propiedad está en proceso de ser rematada por el banco. [Foto: Archivo]
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La Procuraduría estatal dio a conocer ayer que emprenderá acciones para proteger a los miles de arrendatarios que podrían ser desahuciados cuando los inmuebles en que residen son ejecutados por el banco.

El procurador general, Jerry Brown, dijo que su dependencia emprenderá una investigación para evitar abusos contra los que llamó "víctimas olvidadas" del colapso inmobiliario, y anunció que ya ha enviado mensajes a 24 bancos, operadores de hipotecas e inversionistas requiriendo que expliquen las normas que siguen cuando ejecutan un inmueble de esas características. La Procuraduría decidió seguir este curso después que decenas de organizaciones no gubernamentales y defensores del inquilino de California le pidieron tomar cartas en el asunto, alegando que existe "un patrón de conducta ilegal" que lleva a bancos, agentes de bienes raíces y abogados que los representan a tratar de forzar la salida de inquilinos cuando una propiedad es ejecutada.

Se estima que un tercio de las propiedades que han sido arrastradas por la torrentera de embargos son edificios de apartamentos o viviendas de alquiler, y que más de 200 mil inquilinos han sido desplazados de sus casas desde que la crisis inmobiliaria empezó.

Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición para la Supervivencia Económica (CES), una de las organizaciones que pidió la intervención del Procurador, aplaudió la iniciativa de Brown.

"Estamos hablando de buenos inquilinos que pagan su renta a tiempo, y ahora resulta que son víctimas de unas circunstancias que no crearon", expresó.

Algunos de ellos, agregó, han contribuido a rescatar a los bancos con sus impuestos y ahora el pago que reciben es que los bancos los quieren lanzar a la calle.

La Asociación de Banqueros de California (CBA), consultada sobre las medidas anunciadas por Brown, no ofreció sus comentarios antes del cierre de esta nota.