WASHINGTON, D.C.— Aunque la Administración Bush advirtió ayer que si el Congreso no agiliza el plan de rescate financiero las consecuencias para los estadounidenses serán desastrosas, legisladores de ambos partidos —y por diversas razones— insistieron en modificaciones que garanticen "protecciones" para los contribuyentes a corto y a largo plazo.
Por otro lado, trascendió que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha iniciado una indagatoria sobre el colapso financiero de las empresas Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers y AIG.
La investigación se centrará en las instituciones financieras y los ejecutivos que están al frente de ellas, según la agencia AP.
Hasta el cierre de esta edición, las negociaciones sobre el paquete de rescate financiero continuaban, pese a que el presidente del Banco de Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, advirtió que la recesión es posible.
"Los mercados crediticios no están funcionando, se perderán trabajos, la economía se contraerá y no podremos recuperarnos de forma normal y saludable", indicó Bernanke ante el panel de Banca del Senado.
El secretario del Tesoro, Henry Paulson, agregó que el fracaso de más instituciones financieras y los mercados crediticios congelados "amenazan el bienestar financiero de las familias estadounidenses, la viabilidad de negocios, pequeños y grandes y la salud de nuestra economía".
Según Paulson, la mejor forma de ayudar al contribuyente es aprobando inmediatamente el rescate.
Pero el senador demócrata de Connecticut Chris Dodd, presidente del panel de Banca, declaró que el plan "no hace nada para ayudar a una sola familia a salvar su vivienda y no hace nada por evitar que los ejecutivos echen miles de millones de dólares de deuda tóxica sobre las espaldas de los contribuyentes y se retiren con un bono".
Analistas coincidieron en que en su forma actual, el plan no contiene protecciones a corto plazo para el contribuyente, que pagará los 700,000 millones de dólares que costaría la medida, sobre todo los que están a punto de perder sus casas.
Junto a otras intervenciones gubernamentales, el costo de la crisis supera el billón de dólares, y es mayor que los presupuestos de diversos departamentos federales, incluyendo el Pentágono, cuya asignación presupuestal el año pasado fue de 600,000 millones.
La guerra de Irak, hasta ahora, ha costado 650,000 millones de dólares.
La diferencia, desde el punto de vista estrictamente fiscal, es que el dinero gastado en Irak ya se perdió, pero el que se gaste en el rescate es potencialmente redituable.
"Si hay beneficio para el contribuyente, lo sabremos cuando veamos el lenguaje final", dijo a La Opinión el analista Andrew Jakabovics, del Center for American Progress.
El beneficio para el contribuyente, según la Administración, es que el Tesoro comprará los títulos devaluados de empresas financieras (muchos de ellos hipotecas) y cuando la economía se estabilice y las hipotecas recuperen su valor, podrán venderlos con ganancias para el contribuyente. "Cuando los bancos recuperen liquidez, pueden prestar dinero y la economía se reactiva", declaró a La Opinión el analista Isaac Cohen. "Pero ninguna de estas cosas están garantizadas ", agregó.
Una de las peticiones demócratas es que el gobierno se convierta en accionista de las empresas rescatadas y cuando las acciones de la compañía adquieran valor, las vende y eso es ganancia para el contribuyente.
Esos dos beneficios potenciales son a largo plazo.
A corto plazo, los demócratas quieren que se ayude a los propietarios en peligro de perder sus casas.
Uno de los puntos en que habría acuerdo es permitir que el Tesoro reduzca la cifra de embargos, ya sea bajando los intereses de hipotecas de propietarios en riesgo o el monto total de la hipoteca.
Pero había resistencia a permitir que los jueces de bancarrota modifiquen los términos de las hipotecas de residencia principal de propietarios en riesgo para que puedan seguir pagando, evitando el embargo.
El tamaño del rescate también supone un alza del déficit, que se calcula podría rondar los 500,000 millones, y de la deuda nacional, que podría ser de más de 10 billones de dólares.
"La deuda la pagamos los contribuyentes y eso es inevitable, y la deuda genera inflación (alza de precios), pero el gobierno dice que ahora está más preocupado por el crecimiento económico que por la inflación", dijo Cohen.
Sobre si pueden vislumbrarse eventuales alzas de impuestos, Cohen sostuvo: "Sería desastroso porque reduce la actividad económica. Otra forma de disminuir la presión de la deuda es el crecimiento de la economía", agregó Cohen, y eso es lo que intentan ahora el Fed y el Tesoro.
Jakabovics afirmó que aunque no haya un alza de impuestos, eventualmente los contribuyentes sentirían los efectos de los enormes déficit y deuda "al ajustar los patrones de gastos cuando muchos de los programas gubernamentales que creemos necesarios no obtienen los fondos requeridos".
