Líderes ambientalistas temen que labores mineras cerca del Gran Cañón podrían causar escapes de radioactividad y metales pesados como selenio en el río Colorado y su cuenca, incluyendo el Parque Nacional del Gran Cañón. (FOTO: Cortesía John Foxx, Getty Images)
La administración de Obama se ha movido rápidamente para nulificar varias decisiones anti-ambientales anunciados a ultima hora durante la presidencia de George W. Bush, pero detener la exploración y minería del uranio cerca del Gran Cañón no ha sido una de ellas.
El otoño pasado, el Secretario del Interior de Bush, Dirk Kempthorne, circumventó una prohibición sobre actividades de explotación minera al autorizar exploración de uranio dentro de la zona protegida de un millón de acres alrededor del Parque Nacional del Gran Cañón. Las alzas recientes en el precio del uranio—quizás debido al interés renovado en la energía atómica como alternativa a los combustibles fósiles a medida que el calentamiento del planeta se hace más obvio—han originado una ola de solicitudes de nuevos permisos para la explotación de uranio en tierras federales que de otra manera estarían protegidas.
Los grupos ambientalistas temen que una vez que la minería comience cerca del Gran Cañón, planes destructivos similares también conseguirán la luz verde dentro y alrededor de otras áreas protegidas, incluyendo Arches National Park, Capitol Reef National Park, Canyonlands National Park y la zona propuesta Dolores River Canyon.
Cuando Kempthorne primero propuso abrir las tierras a la explotación minera de uranio, varias partes interesadas—incluyendo docenas de funcionarios electos, empresas de servicios públicos y tribus índigenas norteamericanas—-se quejaron acerca de las amenazas potenciales al agua de superficie y subterránea derivada de tales actividades. Temen que la explotación minera de uranio en el área podría llevar al escape de radiactividad y de metales pesados como el selenio en el río Colorado y su cuenca, incluyendo dentro del Parque Nacional del Gran Cañón.
En lugar de acción federal para resolver el problema, que no se ha concretado, los grupos verdes se han visto forzados a movilizarse. Algunos, como el Pew Environment Group, están tratando de ejercer presión sobre el presidente Obama para nulificar los permisos de explotación minera; otros están trabajando el ángulo judicial. Tres organizaciones—el Center for Biological Diversity, Grand Canyon Trust y el Sierra Club—entablaron juicio en corte federal en octubre de 2008 para impedir al Bureau of Land Management, que maneja el área, que permita la explotación minera de uranio en lo que consideran áreas frágiles y de importancia nacional. “Esto es una agencia en extrema necesidad de dirección [correctiva] de la nueva administración,” dice Taylor McKinnon, director de programa de los terrenos públicos con el Center for Biological Diversity. “El Gran Cañón lo merece.”
La batalla sobre la explotación minera de uranio cerca del Gran Cañón ilumina un problema más grande: la ley de explotación minera de 1872, decretada bajo el presidente Ulises S. Grant y aún en efecto hoy. Por mucho tiempo un tema de desacuerdo entre industria y ambientalistas, la ley ha abierto hasta ahora unos 350 millones de acres de terreno público a la explotación minera virtualmente desenfrenada a través de los E.E.U.U. occidentales. Los grupos verdes mantienen que la ley, aprobada para estimular la expansión hacia el oeste, no tiene mucha lógica en la era moderna de recursos naturales en disminución.
“La política federal actual que permite que la minería funcione al lado de los íconos nacionales de Norteamérica y contra la voluntad de las comunidades locales debe ser cambiada,” declaró Jane Danowitz, director del programa Pew de terrenos públicos de los E.E.U.U. “Es hora de modernizar la ley minera de la nación de 1872.”
CONTACTOS: Center for Biological Diversity, www.biologicaldiversity.org; Sierra Club, www.sierraclub.org; Pew Environment Group, www.pewtrusts.org.
MANDE SUS PREGUNTAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE A: EarthTalk (DiálogoEcológico), P.O. Box 5098, Westport, CT 06881; earthtalk@emagazine.com.
La administración de Obama se ha movido rápidamente para nulificar varias decisiones anti-ambientales anunciados a ultima hora durante la presidencia de George W. Bush, pero detener la exploración y minería del uranio cerca del Gran Cañón no ha sido una de ellas.
El otoño pasado, el Secretario del Interior de Bush, Dirk Kempthorne, circumventó una prohibición sobre actividades de explotación minera al autorizar exploración de uranio dentro de la zona protegida de un millón de acres alrededor del Parque Nacional del Gran Cañón. Las alzas recientes en el precio del uranio—quizás debido al interés renovado en la energía atómica como alternativa a los combustibles fósiles a medida que el calentamiento del planeta se hace más obvio—han originado una ola de solicitudes de nuevos permisos para la explotación de uranio en tierras federales que de otra manera estarían protegidas.
Los grupos ambientalistas temen que una vez que la minería comience cerca del Gran Cañón, planes destructivos similares también conseguirán la luz verde dentro y alrededor de otras áreas protegidas, incluyendo Arches National Park, Capitol Reef National Park, Canyonlands National Park y la zona propuesta Dolores River Canyon.
Cuando Kempthorne primero propuso abrir las tierras a la explotación minera de uranio, varias partes interesadas—incluyendo docenas de funcionarios electos, empresas de servicios públicos y tribus índigenas norteamericanas—-se quejaron acerca de las amenazas potenciales al agua de superficie y subterránea derivada de tales actividades. Temen que la explotación minera de uranio en el área podría llevar al escape de radiactividad y de metales pesados como el selenio en el río Colorado y su cuenca, incluyendo dentro del Parque Nacional del Gran Cañón.
En lugar de acción federal para resolver el problema, que no se ha concretado, los grupos verdes se han visto forzados a movilizarse. Algunos, como el Pew Environment Group, están tratando de ejercer presión sobre el presidente Obama para nulificar los permisos de explotación minera; otros están trabajando el ángulo judicial. Tres organizaciones—el Center for Biological Diversity, Grand Canyon Trust y el Sierra Club—entablaron juicio en corte federal en octubre de 2008 para impedir al Bureau of Land Management, que maneja el área, que permita la explotación minera de uranio en lo que consideran áreas frágiles y de importancia nacional. “Esto es una agencia en extrema necesidad de dirección [correctiva] de la nueva administración,” dice Taylor McKinnon, director de programa de los terrenos públicos con el Center for Biological Diversity. “El Gran Cañón lo merece.”
