Silenciosos, tensos, intercambiando gestos de preocupación y consuelo con los detenidos, centenares de personas presenciaron ayer la instrucción formal de cargos contra los trabajadores detenidos la semana pasada en Valencia.
La Procuraduría del condado de Los Ángeles (LADA) presentó cargos contra 54 de los 55 detenidos el jueves pasado en la fábrica L&M optical de Valencia.
Treinta y un personas fueron acusadas de robo de identidad, 19 por uso de documentación falsa y cuatro por falsa ciudadanía, explicó a La Opinión, la portavoz Vania Stuelp.
Al menos 44 de los que ayer todavía estaban bajo custodia (10 fueron puestos en libertad bajo fianza el viernes) tuvieron la oportunidad de comparecer ante la jueza Graciela Frexes para declararse inocentes y programar sus audiencias preliminares para el 19 de febrero.
Según Brenda Cambra, portavoz del Sheriff en Santa Clarita, los arrestos surgieron luego de denuncias de residentes de que sus números de Seguro Social estaban siendo usados ilegalmente
Los agentes del Sheriff llegaron a la fábrica con una orden de cateo para 19 personas pero terminaron arrestando a 55 personas.
La acción que fue criticada por organizaciones de derechos de los inmigrantes fue defendida por las autoridades aduciendo que el operativo no fue contra indocumentados sino por un delito común.
"No estábamos interesados en el estado [migratorio] de nadie, pero creemos que allí se estaba cometiendo un crimen", expresó Cambra.
El Sheriff dijo que la investigación aún sigue su curso e incluye también a la empresa que contrató a estos trabajadores.
"Todo eso es parte de la investigación. ¿De dónde sacaron esos números de Seguro Social?"
En L&M Optical, un empleado dijo a La Opinión que el gerente de Recursos Humanos no estaba disponible y al ser cuestionado colgó el teléfono abruptamente.
Virginia Kice, de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo que su dependencia no tuvo nada que ver con el operativo del Sheriff y que no podrían comentar si alguno de los detenidos es considerado infractor de la ley de inmigración.
Sin embargo, Grace Zamora, una de las detenidas en el operativo, aseguró a este diario que tanto su esposo como su cuñado, ya han sido puestos en aislamiento para una posible revisión de su estado migratorio por ICE.
"Hay una ley que esta fracturada, la de Inmigración, que fomenta que la gente que trabaja lo haga fuera de la ley y consiga un número de seguro social para trabajar" expresó Gloria Saucedo de Hermandad Mexicana Transnacional quien asiste a los familiares de los detenidos. "Ellos no están haciendo fraude para robar, sino simplemente tomando un seguro social para trabajar sin querer robarle la identidad a nadie", agregó la activista.
Agustín Robles, uno de los familiares, señaló que su primo ha dejado afuera a dos hijos desamparados y una casa que nadie podrá pagar si él no trabaja.
Arturo, uno de los detenidos en el operativo que declinó dar su apellido, dijo que a pesar de estar libre bajo fianza, la preocupación de ser separado de su familia es lo que más le atormenta.
"Esto aún no acaba, todavía tengo que venir a Corte", expresó en compañía de abogados de derechos civiles que indagaban sobre su caso. "Nosotros no venimos a robar, lo que estamos haciendo es simplemente trabajar, ellos son gente trabajadora que solo buscan ganarse el sustento", intercedió su madre, Leonor Yañez.
