WASHINGTON, D.C.
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, tiene tanta confianza en Comunidades Seguras, que aseguró ante el Congreso que no seguirá expandiendo el programa 287g.
Este autoriza a oficiales locales y estatales a inspeccionar a personas para comprobar su estatus migratorio y les permite retenerlos por violaciones a leyes de inmigración, hasta que sean puestos bajo la custodia de autoridades migratorias.
"A la luz de la activación nacional de Comunidades Seguras, el presupuesto redujo el financiamiento para el programa 287g en $17 millones. El proceso de chequeo de Comunidades Seguras para identificar y deportar criminales extranjeros, es más consistente, eficiente y rentable", dijo.
Discontinuar acuerados
Napolitano explicó que para implementar la reducción, el Servicio de Control de Inmigración (ICE) discontinuará los acuerdos menos productivos de 287g en aquellas jurisdicciones donde Comunidades Seguras ya está implementada. "También suspenderé la consideración de cualquier petición para nuevos grupos de trabajo sobre 287g", detalló.
Organizaciones hispanas y pro inmigrantes tenían la percepción de que la agencia se inclinaría por esta dirección, aunque hasta ahora, no se ha realizado ningún anuncio concreto al respecto.
"Lo que se estaba viendo es que las acciones que estaban tomando, indicaban una discontinuación de 287g y fortalecer Comunidades Seguras. Todas las señales estaban revelando eso", aseguró Clarissa Martínez, directora de inmigración y campañas del Consejo Nacional de la Raza.
Comunidades Seguras
Comunidades Seguras se encuentra activo en 71% del país, es decir en 2,274 jurisdicciones de un total de 3,181.
Después de serias controversias respecto al carácter optativo del sistema, el Gobierno federal dejó claro que no existe opción de eludirlo.
El programa ingresa las huellas dactilares de personas detenidas, en jurisdicciones suscritas él y las contrasta con las bases de dato federales del FBI y DHS, para indagar sobre el estatus migratorio del individuo.
"Esta es una herramienta importante en los esfuerzos de enfocar los recursos de control de inmigración en las personas con alta prioridad, que amenazan la seguridad pública", dijo Napolitano.
Legisladores de Alabama como Robert Aderholt (R) cuestionaron a la secretaria del DHS, respecto a por que el programa se ha implementado sólo en 55% de las jurisdicciones del estado, e incluso aseguró que existen "razones políticas" detrás de esta decisión.
Disputado en las cortes
Napolitano, por su parte, explicó que el programa estaba siendo disputado en las cortes por grupos que lo califican como injusto.
El Gobierno debe responder todavía a las recomendaciones del grupo de trabajo sobre Comunidades Seguras, presentadas en un reporte difundido el año pasado. Fuentes al interior del Congreso esperan que se realice un anuncio al respecto, en las próximas semanas.
Ofensas de tráfico
Sin embargo, pocos creen que se puedan acallar por completo, las críticas respecto a este sistema.
"Estamos preocupados por las ofensas de tráfico menores. Esperamos que si se realiza alguna decisión sobre el grupo de trabajo, DHS elimine este tipo de infracciones de Comunidades Seguras. Una decisión como ésta sería sustancial", explicó Marshall Fitz, director de política migratoria del Centro para el Progreso Americano.
"Esto alienta a la policía local a enfocarse en ciertos conductores y luego usar violaciones menores de tráfico como un pretexto para revisar su estatus migratorio", agregó.
El grupo de trabajo también insistió en que las víctimas y testigos de crímenes domésticos no deben ser objeto de medidas policiales, que permitan su ingreso a Comunidades Seguras.
