El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene un sistema de detención de 350 instalaciones operadas mayormente por empresas privadas y cárceles locales. Informes sobre el destino de los detenidos han puesto de manifiesto el abuso sistemático y el abandono de los inmigrantes a la custodia del gobierno federal. Hay mujeres víctimas de violación a quienes se les negaron los servicios de aborto durante su detención. Las embarazadas han permanecido encadenadas mientras dan a luz, y los bebés que todavía están siendo amamantados les son arrebatados a sus madres.
En un lapso de cinco años, más de 100 inmigrantes detenidos han muerto bajo la custodia de ICE. Estas muertes salieron a la luz a partir de unas investigaciones periodísticas y de la organización American Civil Liberties Union. Un ecuatoriano víctima de negligencia murió después de ser transferido de una cárcel de Rikers Island en NY a las autoridades de inmigración.
Con demasiada frecuencia, los detenidos desaparecen en algunas de las divisiones subrepticias de ICE que no aparecen en los registros públicos y que no están identificadas claramente, según reveló un estudio de La Nación. “La capacidad de acceder al mundo exterior es una salvaguardia esencial en contra de la detención arbitraria”, afirma Amnistía Internacional.
Los inmigrantes detenidos no tienen derecho a representación legal. Tienen que defender su caso a través de una maraña de obstáculos, como depender de organizaciones sin fines de lucro que no pueden aceptar llamadas con cargos, malas traducciones o interpretaciones, y desconocimientos sobre sus derechos.
El sistema socava sus escasas posibilidades a un juicio imparcial. El Instituto Warren describe los defectos del proceso federal de detención de inmigrantes detenidos, como por ejemplo jueces sobrecargados de trabajo y juicios en masa.
Las condiciones vergonzosas de detención van en contra los derechos humanos, incluido el derecho de los detenidos a acceder a servicios médicos y abogados, y el derecho a no ser detenido por más tiempo del que el gobierno pueda justificar.
Bajo la administración de Obama, el gobierno federal pasó la moción de revisar las políticas en torno a la atención médica y la supervisión. El año pasado, ICE anunció cambios para mejorar las condiciones de detención y seguidamente se hizo una muy necesitada revisión interna de las prácticas de detención.
Pero lo que permanece igual es que estas políticas sobre los servicios de salud y la supervisión, que no son legalmente vinculantes y por lo tanto, no son imputables.
Pero, ¿quiénes son los responsables de esta conducta criminal y negligencia? Una empresa privada contratada para hacerse cargo de los inmigrantes detenidos y en cuyas instalaciones han habido muertes por causa de negligencia, sigue operando centros de detención.
El que nadie se haga responsable es inaceptable. El estándar debe incluir políticas humanitarias de detención, representación legal adecuada y castigos fuertes para aquellos que no respetan los derechos de los inmigrantes.
Sin embargo, la nación debe ir más allá. No podemos permitir que ICE convierta la detención en un negocio. Mañana, EL DIARIO/LA PRENSA explorará los complejos penitenciarios de inmigración.
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