Endurecerían vigilancia fronteriza

PHOENIX/AP — Arizona, la entidad estadounidense con el mayor tráfico de indocumentados en el país, se ha ganado una reputación de ser un sitio duro con las personas que se infiltran ilegalmente a través de la frontera.

Esa reputación aumentaría si la legislatura y el gobernador aprueban una propuesta que involucraría aún más a las autoridades locales en los esfuerzos por detener el ingreso de indocumentados y rechazaría aún más la idea de que el control de la inmigración sólo es responsabilidad del gobierno federal.

La propuesta, ya aprobada en el Senado estatal y actualmente bajo análisis en la Cámara de Representantes, requeriría que la Policía intente determinar el estatus migratorio de la gente cuando tenga una sospecha razonable de que una persona no se encuentra legalmente en el país.

Y, de ser aprobada, Arizona se convertiría en el único estado en considerar la presencia de inmigrantes ilegales como un delito penal a través de una ampliación en su actual ley que regula la violación de las fronteras.

Aunque aún no está claro cuál sería el efecto práctico que tendría una ley así, los activistas por los derechos de los inmigrantes pronostican que derivaría en una serie de detenciones en base a características raciales, las cuales tendrían como blanco a miles de hispanos que son ciudadanos estadounidenses.

Y la constitucionalidad de la propuesta también es fuente de disputas.

Hace algunos años, los jefes de policía en dos comunidades en New Hampshire acusaron a inmigrantes ilegales del delito de entrar sin autorización por el hecho de que se encontraban en el estado. En el 2005, un juez local sobreseyó los cargos por considerarlos un intento inconstitucional de aplicar leyes estatales a un asunto federal.

Pero los partidarios de la propuesta dicen que, además de que los esfuerzos federales para contener la inmigración en la frontera son inadecuados, muchos departamentos locales de policía se hacen de la vista gorda ante la presencia de inmigrantes que no deberían estar en el país.

Algunos políticos locales “no tienen el valor de defender los derechos de los ciudadanos (a los que representan)”, dijo el senador estatal Russell Pearce, promotor del proyecto de ley.

El Senado aprobó la medida por 16 votos a favor y 12 en contra el 15 de junio, y la Cámara de Representantes la está analizando.