Chicago/EFE — La fiscal general de Illinois, Lisa Madigan, demandó a una empresa hispana que defraudó a decenas de inmigrantes con promesas falsas de regularización de su estatus migratorio.
En un comunicado, Madigan dijo que la hispana Juanita Méndez, también conocida como Juanita Cruz o Juanita Sánchez, “se aprovechó de la confianza y dinero de sus clientes”, a quienes cobraba entre 3,000 y 10,000 dólares por servicios que nunca cumplió.
Agrega que la acusada regía una empresa de servicios migratorios en Chicago junto a su asociado Melesio Reyes, a través de la cual se valían de “tácticas engañosas” para convencer a clientes indocumentados de que el Gobierno federal estaba considerando sus solicitudes de residencia permanente o ciudadanía.
Según la demanda, los acusados hacían creer a los clientes de Méndez era abogada, empleada de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía y hasta alguacil del condado de Cook.
En algunos casos les hicieron creer que podían legalizar su estatus mediante una amnistía atrasada que comprendería a quienes hubieran vivido no más de diez años en los Estados Unidos, sin antecedentes penales y tuvieran por lo menos 32 años de edad.
Este programa existe, aclara la fiscalía, pero solamente está disponible para unos 350,000 inmigrantes a quienes se les negó ilegalmente el derecho de solicitar el estatus migratorio legal en 1986 y 1987.
Entre las maniobras utilizadas por los demandados figura la falsificación de correspondencia oficial de inmigración con el establecimiento de citas para entrevistas de regularización de estatus, que luego eran canceladas a último momento.
Asimismo, los acusados aseguraban a sus clientes que en el caso de ser detenidos por inmigración, ellos se encargarían de conseguir un abogado para lograr la libertad inmediata.
La demanda de la fiscal pide a la corte que se prohíba a Méndez y Reyes la prestación de servicios a inmigrantes en Illinois, y que además se los obligue a devolver el dinero a los clientes (en total unos 140,000 dólares) y al pago de una multa de 50,000 dólares por cada una de las violaciones cometidas.
La demanda de la fiscal pide a la corte que se prohíba a Méndez y Reyes la prestación de servicios a inmigrantes en Illinois, y que además se los obligue a devolver el dinero a los clientes (en total unos 140,000 dólares) y al pago de una multa de 50,000 dólares por cada una de las violaciones cometidas.
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