BELLINGHAM, Washington/AP — Primero fueron detenidos y se enfrentaban a ser deportados tras la única redada laboral efectuada hasta ahora bajo la presidencia de Barack Obama. Luego recibieron permisos de trabajo y el aviso de que podrían permanecer en Estados Unidos mientras su patrón era procesado.
Ahora, más de 24 trabajadores indocumentados detenidos en la redada de febrero en la fábrica Yamato Engine Specialists Limited vuelven a encarar la deportación.
“Bueno, ¿qué puedo hacer?. No hay que huir, eso sería peor”, dijo el mexicano Gerardo Arreola González, uno de los 28 trabajadores detenidos, al comentar la redada. “Tuve que encarar la situación. Sí, tengo miedo y pienso ’se acabó el sueño”’. De los 28, 25 son mexicanos y los tres restantes de Honduras, Guatemala y El Salvador.
La inusual trayectoria de González y los demás por el sistema de inmigración simboliza lo que ha cambiado la política en ese terreno bajo el presidente Barack Obama — y cómo sigue evolucionando.
Las deportaciones son la conclusión de un caso que irritó tanto a los activistas defensores de los indocumentados como a los partidarios de aplicar con mayor celo y contundencia la ley en materia de inmigración.
En este caso, los trabajadores, y también la oficina de Seattle del servicio de Inmigración y Vigilancia Aduanera que realizó la redada, fueron castigados de una forma u otra o sometidos a un escrutinio especial.
Dos días después de la redada, los funcionarios de inmigración intercambiaron mensajes electrónicos urgentes respondiendo a las preguntas de una Casa Blanca sorprendida, según la correspondencia electrónica obtenida por Associated Press mediante una petición de documentos federales.
En total, 28 personas fueron detenidas esa mañana de febrero. Uno de los detenidos optó por abandonar el país poco después de la redada. Los 27 restantes recibieron permisos de trabajo hasta que concluyó el caso contra Yamato.
Ahora, cinco de los 27 trabajadores han sido deportados. Siete pudieron abandonar el país en forma voluntaria y 15 aguardan que les sea otorgada una orden de comparecencia ante un juez de inmigración, dijo la vocera de Inmigración y Vigilancia Aduanera Lorie Dankers.
Dankers se negó a formular más comentarios sobre el caso.
“Quedamos decepcionados. Verdaderamente creímos que la situación sería diferente con el gobierno de Obama”, comentó Pramila Jayapal, directora ejecutiva de OneAmerica, un grupo activista con sede en Seattle. “Fue una situación muy confusa ... Creímos que tendríamos un gobierno mucho más amistoso con nuestra causa”.
Los activistas de los indocumentados quedaron encantados cuando Obama subió al poder, por creer que sería mucho más tolerante con los ilegales. Por ello, el allanamiento los anonadó y protestaron ruidosamente.
La secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano ordenó entonces una investigación de la redada. Los trabajadores detenidos recibieron permisos de trabajo y la empresa pasó a ser el foco de la investigación.
Empero, los partidarios de endurecer las medidas contra los indocumentados consideraron el cambio de posición de Napolitano un indicio de que la ley se iba a aplicar con mucho menos rigor, además de ser una reprobación de la política de inmigración bajo el predecesor de Obama, el presidente George W. Bush.
El caso contra Yamato concluyó en septiembre con una multa de 100,000 dólares. Los miembros de la familia de inmigrantes propietaria de la empresa, que huyó de Uganda cuando el dictador Idi Amín comenzó a perseguir al empresariado del país, se disculparon públicamente.
González, que había entrado al país en 1998 cuando tenía 19 años, trabajaba en Yamato como soldador. Hasta ahora, un abogado local lo está ayudando pero sabe que podría ser deportado, lo que sería un problema para su familia.
“Si me tengo que ir a mi país —dijo— me tengo que ir a mi país”.
