YAKIMA, Washington/AP — Muhammad Zahid Chaudhry es un paquistaní de 36 años que se enroló en las Guardia Nacional y sirvió en Fort Lewis y Fort Irwin, en el sur de California. Ahora, el país al cual sirvió quiere deportarlo.
Las autoridades de inmigración rechazaron su solicitud de ciudadanía porque no reveló unas condenas por infracciones menores que tuvo en Australia cuando solicitó su visa hace una década. Chaudhry --quien dice que fue obligado a declararse culpable de esos delitos menores y resolvió su situación pagando multas--, sostiene que no sabía que esas infracciones eran consideradas delitos. Él mismo las comunicó a las autoridades de inmigración años más tarde, cuando se enteró de que sí lo eran.
Ahora dice que su honestidad la está impidiendo realizar su sueño de vivir en esta país con su esposa Ann, quien es ciudadana estadounidense. Las autoridades de inmigración sostienen que ocultó la información para poder venir a EE.UU. En abril se presentará a una audiencia ante un juez que podría ordenar su deportación.
“No hay palabras para describir la depresión tan grande que siente”, expresó su esposa Ann Chaudhry, con los ojos llorosos. “Te desanima. Quieres encerrarte. Es algo que no te deja. La gente que no ha pasado por cosas como esta no entiende lo que uno siente”. En una mañana reciente, Chaudhry está sentado en una silla de ruedas en su vivienda de Yakima. Su esposa le pasa una servilleta con las pastillas que toma para tolerar el dolor generado por lesiones en la columna. Casi no sale de su casa.
Llegó a Estados Unidos como turista en 1998 y se enroló en las fuerzas armadas en marzo del 2001, decidido a hacer una vida de militar. Un mes después fue aprobada su solicitud de residencia permanente. Pero una serie de lesiones en la columna ocurridas durante los entrenamientos, al agacharse y levantarse constantemente corriendo con un fusil y una mochila en la espalda, lo confinaron a una silla de ruedas. Fue dado de baja con honores en el 2006.
Chaudhry acudió a los tribunales de Yakima, exigiendo que le den la ciudadanía por su servicio militar y su buena conducta. Tiene el respaldo de sus vecinos, de veteranos de las fuerzas armadas, miembros del Congreso y un ex mediador del servicio de inmigración. Cuenta en total con 28 cartas de personas que le piden a las autoridades de inmigración que le permitan permanecer en el país, incluidas cartas de las senadoras Patty Murray y Maria Cantwell y del representante Doc Hastings, quienes destacan su servicio en las fuerzas armadas y como voluntario de la Cruz Roja.
El abogado de Chaudhry, Devin T. Theriot-Orr, de Seattle, dice que las autoridades de inmigración no deberían prestar atención a delitos menores de hace casi 15 años. “Ha sido un ciudadano modelo, dispuesto a morir por su país. ¿Así le pagamos?”.
La portavoz de la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en San Francisco Sharon Rumry se abstuvo de hablar del tema por tratarse de un caso en desarrollo.
Chaudhry se declaró culpable en Australia de usar un pasaporte y tarjetas de crédito que no le pertenecían y pagó multas por valor de 1,450 dólares. Asegura que en realidad no cometió esos delitos y que, en todo caso, las autoridades australianas le aseguraron que no quedarían como antecedentes penales. El servicio de inmigración aduce asimismo que Chaudhry mintió en el 2001, al enrolarse en la Guardia Nacional, cuando dijo que podía presentar documentos de ciudadanía. Chaudhry explica que quiso decir que estaba en el país legalmente, no que era ciudadano.
Matt Adams, director de asuntos legales del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (Northwest Immigrant Rights Project) de Seattle, dice que le sorprendió el que el gobierno hubiese pedido la solicitud de empleo a la policía de Yakima. Generalmente, indicó, el servicio de inmigración no analiza la historia laboral de una persona que solicita la ciudadanía. Agregó que ninguna de las infracciones que supuestamente cometió Chaudhry son delitos que descalifican a una persona para pedir la ciudadanía. “El hecho de que él mismo haya suministrado esta información revela claramente que no trataba de ocultar nada”. Adams dice que trabajó en casos similares en los que los jueces le concedieron la ciudadanía a personas que habían tenido malentendidos similares con el papeleo.
Chaudhry solicitó beneficios para incapacitados y su esposa dejó un trabajo de contadora que tenía para atenderlo. Están agotando sus ahorros y sacaron una segunda hipoteca sobre la casa.
“Espero que alguien se dé cuenta de lo que está pasando”, manifestó Chaudhry.
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