Gavin Newsom. (FOTO: Aurelia Ventura /La Opinión)
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Sacramento, 21 de Octubre (EFE).- El rechazo del alcalde de San Francisco a una medida que prohíbe la deportación de jóvenes indocumentados antes de ser encontrados culpables en un tribunal podría costarle el apoyo latino en su campaña para gobernador.
Según expertos este podría ser el costo político del anunciado veto del alcalde Gavin Newsom a la medida aprobada con un voto súper-mayoritario en la Junta de Supervisores esta semana.
“Es obvio que la razón por la cual Newsom se opone a esta política es porque quiere ganar el apoyo de los votantes más conservadores, y tal vez lo considere mucho más importante que el voto latino”, dijo a Efe Ana Pérez, directora ejecutiva del Centro Centroamericano de Recursos, CARECEN.
“Es posible que este rechazo llegue a afectar su campaña electoral, porque el tema de la inmigración es muy importante para la comunidad latina, y sobre todo, cuando Newsom está apoyando políticas que pueden conducir a casos de discriminación por perfil racial”, agregó Kevin Johnson, experto de la Universidad de California en Davis.
El alcalde apoya la práctica actual que permite a agencias del orden locales entregar a menores de edad que sean arrestados y sospechosos de cometer un delito a autoridades de inmigración para su deportación.
La medida que revocaría dicha práctica y que fue presentada por el supervisor David Campos, ofrece protecciones a los jóvenes indocumentados bajo la Enmienda XIV de la Constitución de EEUU, la cual garantiza el debido proceso legal.
“Este es un día de gran orgullo para la ciudad y condado de San Francisco, porque estamos protegiendo los derechos y la dignidad de nuestros jóvenes, y es contraproducente que el alcalde (Newsom) no apoye la medida. Espero que cambia de parecer”, dijo hoy a Efe Campos, quien llegó de Guatemala a Estados Unidos a los 14 años de edad como indocumentado.
“El debido proceso es uno de los pilares de la democracia en este país, el ser inocente hasta ser encontrado culpable en una corte. Los indocumentados en este país muchas veces son considerados como criminales y los arrestan simplemente por su apariencia”, agregó.
La directora ejecutiva de CARECEN dijo que espera en que la ley se amplíe en un futuro cercano para incluir también a los adultos.
El alcalde fue duramente criticado el año pasado después de que se encontrara evidencia de que la Ley de Santuario de San Francisco había sido usada para proteger a jóvenes indocumentados en contra de la deportación, y estalló aún más después del asesinato de Anthony Bologna y sus dos hijos Michael y Matthew en junio del 2008 a manos de Edwin Ramos, un indocumentado salvadoreño quien había tenido varios problemas con la ley durante su adolescencia.
A raíz de las críticas, Newsom tomó medidas para alterar la Ley de Santuario, y actualmente, todo menor de edad indocumentado que haya sido arrestado es entregado a las autoridades de inmigración.
“Antes que nada, nosotros estamos de parte de la familia Bologna, porque el perder a tres personas es una tragedia y un dolor increíble. Pero a la misma vez no es justo que toda una comunidad pague por el error y el crimen de una sola persona. Cada quien debe ser juzgado por sus propias acciones y méritos”, dijo Pérez.
La Ley de Santuario en San Francisco fue aprobada hace casi 20 años, el 24 de octubre de 1989, para evitar que autoridades y agencias de municipios locales cooperen con entidades migratorias federales.
Campos señaló que la deportación automática de jóvenes respaldada por Newsom está obstaculizando la cooperación entre autoridades y la comunidad en casos criminales.
Johnson apuntó por su parte que es importante no dejar que las relaciones entre las entidades del orden locales y las comunidades indocumentadas se deterioren o sean inexistentes.
“Es muy importante que la comunidad inmigrante confíe en agentes del orden y no tengan miedo de reportar crímenes o de presentar evidencia en ciertos casos, por miedo a ser deportados automáticamente”, dijo Johnson.
La Junta de Supervisores, por su parte, tendrá una segunda votación respecto a la medida la semana entrante.
Si Newsom llega a vetar la medida, como ha amenazado, la Junta tendrá la opción de invalidar su veto.
“Estamos preparados para esto (los supervisores), pero nuevamente, es importante que el alcalde vea que la deportación inmediata es contraproducente e ilegal, y que necesita apoyar esta medida, así como una reforma migratoria de parte del gobierno federal”, finalizó Campos.
Según expertos este podría ser el costo político del anunciado veto del alcalde Gavin Newsom a la medida aprobada con un voto súper-mayoritario en la Junta de Supervisores esta semana.
“Es obvio que la razón por la cual Newsom se opone a esta política es porque quiere ganar el apoyo de los votantes más conservadores, y tal vez lo considere mucho más importante que el voto latino”, dijo a Efe Ana Pérez, directora ejecutiva del Centro Centroamericano de Recursos, CARECEN.
“Es posible que este rechazo llegue a afectar su campaña electoral, porque el tema de la inmigración es muy importante para la comunidad latina, y sobre todo, cuando Newsom está apoyando políticas que pueden conducir a casos de discriminación por perfil racial”, agregó Kevin Johnson, experto de la Universidad de California en Davis.
El alcalde apoya la práctica actual que permite a agencias del orden locales entregar a menores de edad que sean arrestados y sospechosos de cometer un delito a autoridades de inmigración para su deportación.
La medida que revocaría dicha práctica y que fue presentada por el supervisor David Campos, ofrece protecciones a los jóvenes indocumentados bajo la Enmienda XIV de la Constitución de EEUU, la cual garantiza el debido proceso legal.
“Este es un día de gran orgullo para la ciudad y condado de San Francisco, porque estamos protegiendo los derechos y la dignidad de nuestros jóvenes, y es contraproducente que el alcalde (Newsom) no apoye la medida. Espero que cambia de parecer”, dijo hoy a Efe Campos, quien llegó de Guatemala a Estados Unidos a los 14 años de edad como indocumentado.
“El debido proceso es uno de los pilares de la democracia en este país, el ser inocente hasta ser encontrado culpable en una corte. Los indocumentados en este país muchas veces son considerados como criminales y los arrestan simplemente por su apariencia”, agregó.
La directora ejecutiva de CARECEN dijo que espera en que la ley se amplíe en un futuro cercano para incluir también a los adultos.
El alcalde fue duramente criticado el año pasado después de que se encontrara evidencia de que la Ley de Santuario de San Francisco había sido usada para proteger a jóvenes indocumentados en contra de la deportación, y estalló aún más después del asesinato de Anthony Bologna y sus dos hijos Michael y Matthew en junio del 2008 a manos de Edwin Ramos, un indocumentado salvadoreño quien había tenido varios problemas con la ley durante su adolescencia.
A raíz de las críticas, Newsom tomó medidas para alterar la Ley de Santuario, y actualmente, todo menor de edad indocumentado que haya sido arrestado es entregado a las autoridades de inmigración.
“Antes que nada, nosotros estamos de parte de la familia Bologna, porque el perder a tres personas es una tragedia y un dolor increíble. Pero a la misma vez no es justo que toda una comunidad pague por el error y el crimen de una sola persona. Cada quien debe ser juzgado por sus propias acciones y méritos”, dijo Pérez.
La Ley de Santuario en San Francisco fue aprobada hace casi 20 años, el 24 de octubre de 1989, para evitar que autoridades y agencias de municipios locales cooperen con entidades migratorias federales.
Campos señaló que la deportación automática de jóvenes respaldada por Newsom está obstaculizando la cooperación entre autoridades y la comunidad en casos criminales.
Johnson apuntó por su parte que es importante no dejar que las relaciones entre las entidades del orden locales y las comunidades indocumentadas se deterioren o sean inexistentes.
“Es muy importante que la comunidad inmigrante confíe en agentes del orden y no tengan miedo de reportar crímenes o de presentar evidencia en ciertos casos, por miedo a ser deportados automáticamente”, dijo Johnson.
La Junta de Supervisores, por su parte, tendrá una segunda votación respecto a la medida la semana entrante.
Si Newsom llega a vetar la medida, como ha amenazado, la Junta tendrá la opción de invalidar su veto.
“Estamos preparados para esto (los supervisores), pero nuevamente, es importante que el alcalde vea que la deportación inmediata es contraproducente e ilegal, y que necesita apoyar esta medida, así como una reforma migratoria de parte del gobierno federal”, finalizó Campos.
