La Opinión
Elsa Brentenson extraña a su esposo Donald. Extraña cómo siempre él le decía de cariño: "Mi amorcito… mi guapita". A lo cual ella le respondía: "Mi viejo Don".
Ella le cocinaba su bistec a término medio y, en ocasiones especiales, le preparaba tamales estilo costarricense cuando vivían en Phoenix, Arizona. A él le encantaba el café negro, los arbolitos de Navidad y rezar por las noches el salmo 23.
Vivieron juntos 10 años antes de decidirse a oficializar su relación, solamente para cuestiones legales.
Dos días antes de cumplir el segundo aniversario de su boda, Donald murió de un paro cardiaco.
"Mi vida cambio totalmente. Él era mi compañero, éramos una sola persona", recuerda Elsa.
De acuerdo con las leyes de inmigración, Elsa ya no es "pariente cercano" porque Donald, quien era ciudadano estadounidense, murió dos días antes del período de dos años que Elsa tenia que estar casada para obtener su residencia permanente. Su solicitud de residencia le fue negada sin derecho a apelación.
Como el caso de Elsa, se conocen los de otras 161 viudas en Estados Unidos. Pero estas mujeres, en vez de aceptar la orden de deportación, han entablado una demanda colectiva en contra del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y esta semana, un tribunal federal en Los Ángeles determinará si estos casos pueden ser certificados como una demanda colectiva o si serán rechazados como apelan los abogados del gobierno.
"Es un trauma terrible, no es suficiente que tengas que perder a tu marido, vender la casa y después perder todo lo demás, tus amigos, tu vida aquí en este país…" comenta María Díaz, quien vivía con su esposo en Chicago, y es otra viuda que forma parte de la demanda. "Dejé a toda mi familia, mi trabajo y mi vida en España para venirme aquí con él, porque lo amaba", comenta María. Su esposo falleció en 2005, antes de que cumplieran el periodo de dos años de casados, dejándola con un vacío en el corazón y un futuro incierto. "El primer mes estás como idiota; no duermes, no comes, no puedes hacer nada, sientes como si perdieras la vida. Después viene todo este papeleo… es terrible." comenta María, quien ahora vive con una amiga en Illinois.
Otro de los casos es el de Ana María Moncayo-Gigax, de Santa Clarita, California. Su esposo, John Charles, era un agente de la Patrulla Fronteriza. Khin Thidar, otra viuda, que reside en Las Vegas, estaba casada con Donn Mauro, quien murió a consecuencia de un conductor que manejaba ebrio. El esposo de Sara Vargas Fisher, de Riverside, murió de cáncer. El marido de Diana Ángstrom, de Illinois, falleció después de un ataque de morteros mientras, entrenaba tropas en Irak.
En cada caso, la veracidad de los hechos o del matrimonio no ha sido cuestionada o considerada por las autoridades migratorias. Únicamente el período de burocracia, antes que adjudicaran su solicitud. Esta ley de los dos años ha estado en vigencia por más de tres décadas. Sin embargo, en 1985 un juez dictó que las autoridades de Inmigración no tenían nada que ver con definir quién era un "cónyuge o familiar cercano" y no deberían de negar solicitudes de residencia basadas solamente en un período burocrático.
Los abogados del gobierno estadounidense argumentan que "la regla general en Estados Unidos es que un matrimonio legal termina cuando el cónyuge muere y estas viudas ya no son parientes cercanos".
