"Fue mi último recurso", afirmó Griffin. "Una vez que me di cuenta de que mi familia tenía siete días para salir de una casa que se supone que otra familia no posee legalmente, fui y le dije a su patrón" que Jiménez no tenía papeles.

Como resultado, Jiménez dice que perdió su trabajo como cocinero en un restaurante de lujo. Agentes de inmigración vestidos de civil lo detuvieron brevemente en octubre. Fue citado para comparecer en enero ante un juez, quien podría ordenar su deportación. Ahora está luchando legalmente para evitarlo.

"Estoy muy triste y muy angustiado", dijo Jiménez, de 32 años. "No puedo dormir porque estoy pensando en mi familia ¿Qué va a pasar? No lo sé".

Griffin insiste en que ella actuó para proteger sus intereses y que no se arrepiente.

"Al final, ¿me siento mal de que la familia se metiera en problemas? Para nada", aseguró.

Los inmigrantes que deciden trabajar y residir sin documentos en Estados Unidos dicen que sólo luchan por lo mismo que los estadounidenses: un buen trabajo, una casa y quizá algo más.

Sin embargo, como lo refleja la frustrada compraventa de la casa, si los intereses de ciudadanos legales y los de indocumentados chocan, pueden producirse situaciones dolorosas en las que ambas partes se dicen víctimas.

Jiménez llegó a Estados Unidos desde México hace aproximadamente una década. Cuando compró la casa hace cuatro años, el agente de bienes raíces que se ocupó de la venta le dijo que podría conseguir una mejor tasa de interés si usaba la información de su hija en los documentos en lugar del número de identificación federal que usa para pagar impuestos sobre la renta.