Las semanas por venir serán difíciles para Marcelino de Jesús Martínez, el indígena triqui acusado de intentar "vender" a su hija. Tras celebrarse ayer la audiencia preliminar del caso, la juez Adrienne M. Grover, a cargo del asunto, decidió seguir adelante con el juicio por considerar suficiente la evidencia en contra del acusado.
Martínez tiene en su contra, entre otros cargos, el de complicidad para que un adulto tuviera relaciones sexuales por intento de matrimonio arreglado con una dote de por medio, involucrando a una menor. La hija de Martínez cuenta con 14 años de edad.
Martínez, padre de familia de 36 años, fue arrestado en Greenfield, California, el pasado 12 de enero. Los primeros reportes noticiosos lo presentaron como un hombre que intentó vender a su hija al joven Margarito de Jesús Galindo, de 18 años, a cambio de carne, alcohol y 16 mil dólares.
Tan pronto se divulgó esta información, organizaciones activistas indígenas de California lanzaron comunicados explicando la costumbre entre los indígenas triquis de obtener una dote a cambio de la mano de sus hijas.
La costumbre entre dicha comunidad consiste en que la familia del novio entregue a la de la novia una dote que consiste en comida y bebida para la celebración de la fiesta, misma que será organizada por la familia de la novia.
En los años recientes, y debido al alto índice de jóvenes mujeres abandonadas por sus esposos, se ha empezado a pedir también una cantidad económica para garantizar la manutención de la familia que pudiera procrear la pareja.
A decir de Rufino Domínguez, dirigente del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, que cuenta con una oficina en Greenfield, es necesario que quienes informan sobre este caso cuenten con información sobre los usos y costumbres de una comunidad, ya que la negociación de una dote está lejos de ser una "venta".
Joe Grebmeier, jefe del Departamento de Policía de Greenfield, dijo a La Opinión que el término "venta" fue utilizado por algunos medios, pero no por los agentes de esta dependencia. "Nuestra investigación, que ha sido presentada a la fiscal de distrito [Christina Johnson], establece que contamos con evidencia para sostener que hubo un intento de matrimonio arreglado con una dote de por medio, que involucra a una menor de 14 años; y eso es en contra de la ley. El asunto relevante es la edad de la joven, ya que en California la edad mínima de consentimiento [para casarse] es 18 años".
La versión sostenida por la parte acusadora es que el padre de la chica habría iniciado el proceso de negociación con el padre de Galindo para arreglar el matrimonio de los jóvenes, cuando éstos decidieron no esperar más e irse a juntos al poblado vecino de Soledad.
Ante estos hechos, Martínez se habría presentado ante la policía para denunciar que su hija había escapado. Días después, al volver los jóvenes, los agentes los habrían entrevistado y habrían descubierto las negociaciones, deteniendo a Galindo y a Martínez.
Sin embargo, el argumento presentado por la defensa de Martínez durante la audiencia de ayer dio un vuelco al caso, cuando el abogado J. A. Hernández aseguró que el arresto del acusado se habría realizado con base en un problema de comunicación.
De acuerdo con la versión del abogado, Martínez —quien no habla español ni inglés, únicamente triqui— habría acudido a la estación de policía a denunciar el rapto de su hija por parte de Galindo. Ahí, por un error del intérprete de triqui proporcionado por la autoridad, se habría asentado que la chica huyó con Galindo, en lugar de que fue raptada por Galindo.
La versión de la defensa establece que Martínez nunca sostuvo negociaciones para celebrar matrimonio alguno y que nunca se habló de una dote. El abogado Hernández informó que durante la audiencia, la hija de Martínez dijo no haber tenido una relación previa con Galindo, no saber nada de un arreglo prematrimonial y haber sido llevada con el joven en contra de su voluntad.
Galindo fue detenido el mismo día que Martínez y liberado posteriormente, y se encuentra en espera de ir a corte por el delito de estupro, que es mantener relaciones sexuales con menor de edad.
"Siempre podemos discutir sobre los detalles y las historias pueden cambiar cuando las personas se encuentran en problemas", comentó Grebmeier sobre esta nueva postura. "Nuestra investigación nos lleva a creer que la versión presentada por la fiscal fue lo que ocurrió, particularmente tras las entrevistas que realizaron nuestros agentes con la chica y con el joven".
La Opinión trató de contactar a la fiscal Johnson, sin que al cierre de esta edición hubiera respuesta de su parte. Por instrucciones de la defensa, ni los involucrados ni sus familias tienen permitido dar declaraciones a los medios. De acuerdo con el abogado de Martínez, el proceso legal podría prolongarse durante varios meses.
