MIAMI, Florida.— Los abogados de más de 600 niños estadounidenses presentaron ayer una demanda contra el presidente Barack Obama, para que suspenda las deportaciones de sus padres indocumentados hasta que se apruebe una reforma migratoria.
La acción judicial fue interpuesta en la Suprema Corte de Estados Unidos por Nora Sandigo, de origen nicaragüense, quien es guardián ad-litem de los menores y directora ejecutiva de la Fraternidad Americana, una organización pro inmigrante con sede en Miami.
"Los niños siguen sufriendo al ser separados de sus padres por culpa de las deportaciones, y el presidente puede suspenderlas. Para eso existen procedimientos legales", dijo Sandigo.
Uno de los procedimientos es precisamente elevar el caso ante el máximo tribunal del país, y si éste lo aprueba Obama puede pronunciarse sobre el asunto.
"Esta demanda no es porque estemos en su contra, sino para que pueda utilizar su autoridad para emitir una orden ejecutiva que frene las deportaciones", puntualizó la activista.
Entre los menores demandantes está Cecia Sosa, de 12 años, cuya madre se encuentra en un centro de Inmigración en Pompano Beach, en el norte de Miami, desde el 19 de diciembre de 2008.
Sosa anunció que está dispuesta a iniciar una huelga de hambre la próxima semana, como medida de presión para que liberen a su madre nicaragüense.
"A mí no me importa morir con tal de que saquen a mi mamá de ese centro", afirmó.
Katherie Ramírez, de 13 años, hizo un llamado a Obama para que evite la fragmentación de las familias hispanas, tal como le sucedió a la suya cuando su madre fue deportada a Colombia en 2007.
"Por favor, reunifique a las familias que la ley [de Inmigración] ha separado, porque es duro que un padre no esté con uno", declaró Ramírez.
La niña ahora está sólo con su padre y dos hermanos, y clama el regreso de su madre "para que la familia esté unida de nuevo".
Sandigo aseguró estar esperanzada en que Obama atienda las solicitudes de los menores, ya que "viene dispuesto a hacer grandes cambios sociales" y esos cambios los quieren ver en la comunidad de inmigrantes.
Alfonso Oviedo-Reyes, presidente de la Fraternidad Americana y abogado pro bono que preparó la demanda, explicó que la deportación de los padres indocumentados implica una violación a los derechos civiles de los menores.
Antes de 1996, los niños con padres en esa situación tenían el derecho de que un tribunal suspendiera la deportación para que sus progenitores resolvieran su estatus migratorio si demostraban que estaban en el país más de siete años, tenían carácter moral y el sufrimiento de los niños por la ausencia de ellos, detalló el abogado.
"Ese derecho lo tuvieron por casi 40 años, pero con la reforma migratoria de 1996 se lo quitaron y no le dieron nada a cambio. El Congreso cerró todas las avenidas para obtener una residencia legal y por eso es que ha aumentado el número de inmigrantes indocumentados", aseveró Oviedo-Reyes.
Pero los niños no sólo afrontan ese problema, tampoco pueden recurrir a los tribunales federales para interponer una demanda colectiva, porque los congresistas también eliminaron la jurisdicción de esas cortes en acciones judiciales colectivas relacionadas con inmigración y la concentró en la Suprema Corte.
Por ello, los abogados de los demandantes han solicitado, asimismo, a esa corte que "ignore" la disposición y ordene a los tribunales federales que acepten ese tipo de demanda.
Si logran que la Suprema Corte autorice su petición, pueden ampliar la demanda para que se sumen entre cuatro a cinco millones de menores en todo el país.
Una demanda similar fue presentada en 2007 contra el entonces presidente George W. Bush, los departamentos de Justicia, de Seguridad Nacional y la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (CIS), pero fue rechazada por la Suprema Corte.
