MÉXICO, D.F.— Bertha Camacho escuchó detonar las armas y los gritos de horror que fueron el inicio de la tragedia de su familia que quedó hecha pedazos: el marido cayó muerto; el hijo de 17 años quedó lisiado; otro de 12 años, traumatizado; las niñas sin escuela y una casa expuesta a nuevas agresiones.
De eso hace casi un año y sin ayuda alguna: el gobierno mexicano sólo la apoyó a medias, durante los dos meses siguientes a la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez. Después quedó a su suerte.
Sin terapia sicológica ni tratamiento médico; sin seguridad personal ni becas escolares y mucho menos empleo: todo lo que el mandatario mexicano, Felipe Calderón, prometió personalmente, "conmovido" por el infortunio.
Aquella noche del 31 de enero pasado murieron 13 muchachos de entre 15 y 20 años y un adulto cuando celebraban la victoria del equipo local de futbol americano Jaguares, cuando un comando armado disparó a mansalva en una casa particular, aparentemente por error.
En los días siguientes llegó la plana mayor del gobierno, encabezada por el primer mandatario y funcionarios de todas las secretarías, en un intento por corregir el error de Calderón de llamar "delincuentes" a las víctimas en un improvisado comentario.
Crearon el programa Todos somos Juárez, se compadecieron de la situación en la entidad de 1.2 millones de habitantes que reporta seis ejecuciones diarias, y ofrecieron becas, terapias, casas, despensas, vigilancia y hasta algunos apoyos para visas de víctimas en riesgo.
"Todos los días vuelvo a vivir aquel momento en que desde mi casa oí la balacera y salgo corriendo para darme cuenta que estoy en otro momento", comenta, vía telefónica, Bertha, de 42 años y madre de cuatro niños que enviudó en la masacre. "Ni un solo día dejamos de hablar de lo que pasó".
La familia tiene claro que necesitan ayuda psicológica, pero sólo la recibieron durante dos meses, denuncia la madre quien ahora es la cabeza de familia con un empleo temporal limpiando casas, actividad por la que gana el quivalente a unos 50 dólares a la semana.
Sus ingresos son limitados para pagar las rehabilitaciones físicas de su hijo Édgar Octavio Garay, de 17 años, a quien una bala en la masacre lo dejó sin poder caminar bien.
El gobierno del estado de Chihuahua diagnosticó 20 sesiones para que pueda caminar normal, pero sólo le dio nueve. "Vamos a la clínica y nos dicen que ya no está autorizado", dice Bertha.
El hijo menor, Irving Arturo Garay, de 12 años, tampoco se encuentra bien: se le mira ausente, "como bobo", dice, desde que resultó ileso en Villas de Salvarcar porque uno de los asesinos lo dejó ir: "Lo señaló con la AK47, pero no disparó, le dijo: ‘Vete’".
Acaso las mujeres de la familia, una menor de seis años y la mayor, de 24, son las menos afectadas emocionalmeente, no así en su formación: la falta del padre truncó sus estudios. Margarita Zavala, presidenta del Sistema de Desarrollo para la Familia (DIF) y esposa del presidente, prometió becas que aún esperan: la menor en primaria, "aún no se paga la inscripción desde septiembre y a cada rato me cobran", precisa Camacho. "Ya no sé si mi hija mayor hará la universidad".
El DIF no respondió la solicitudes de información de este diario y la versión de las autoridades locales dista mucho del drama narrado por los afectados.
Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía de Atención a Víctimas del Delito estatal, niega el retiro de apoyos: "No es verdad y no sé por qué están mintiendo", sentencia en un duelo de dichos entre la parte oficial y los afectados.
Detalla que Bertha Camacho recibió una nueva vivienda (en la colonia Terranova Sur), despensas por parte del DIF y un apoyo económico para el joven lisiado, por alrededor de 100 dólares, pago de luz por unos 80 dólares y gas por 30 dólares.
"Eso se dio una sola vez", contrapone Camacho. Y la secunda Arcelia Medrano, de 45 años, madre de Juan Carlos Medrano, de 17, quien cayó muerto cuando intentaba huir de los asesinos.
Arcelia también fue reubicada de vivienda desde Villas de Salvarcar, supuestamente por seguridad, aunque su nuevo hogar es más pequeño y aún se siente vulnerable.
"Faltan bardas en el patio y en más de dos ocasiones los vándalos han roto los vidrios de la sala: ahora mismo se pueden meter hasta la cocina si quieren", comenta esta mujer que vive por apoyo de su pareja, ya que ella no puede trabajar: el líquido de los meniscos se le sale de las rodillas.
Con todo, cree que lo peor de su situación es el duelo inconcluso y a la psicóloga estatal no la ve desde abril. "No acepto la muerte de mi hijo, era mi esperanza, era bueno, tenía nueve de promedio, buen estudiante, lleno de vida, ¿por qué me lo quitaron?". Llora.
La situación más benévola de entre estas familias afectadas, la lleva Brisa Atzini, de 15 años, otra de las sobrevivientes. Si bien su dedo pulgar quedó inmovilizado por una bala y se le dificulta escribir, ahora tiene una casa propia de 50 metros cuadrados (antes vivía con la abuela), cedida por el gobierno a Ivonne Delgado, de 45 años, su madre soltera.
"Lo que pasó no afectó sus calificaciones, pero ya no quiere salir y dudo que algún día las promesas de becas para universidad se den de verdad".
Javier González, subsecretario de Educación en la entidad, describe mejor la incertidumbre como una cadena burocrática interminable donde todos esperan que otros den la solución: "No hay recursos porque no los canaliza el gobierno".
La autoridad estatal espera la respuesta federal y ambas dependen de que los respectivos congresos recuerden que hacen falta fondos para unas víctimas casi en el olvido, por debajo de cientos de prioridades en las agendas políticas y otras víctimas del narcotráfico que se suman a la pena familiar del país.
