A la espera de que la ley de ayuda a estudiantes y responsabilidad fiscal (SAFRA) se vote en el Senado, muchos tienen las esperanzas puestas en que la senadora Dianne Feinstein (D-California) resulte clave en lograr la aprobación.
Pero si la reforma sobre ayuda estudiantil no se materializa pronto, medio millón de estudiantes de bajo y mediano ingreso, pudieran perder las becas que reciben con Pell Grant, mientras que otros ocho millones se exponen a recortes del 60% en sus becas,
En California se verían afectados los más de 620 mil estudiantes que actualmente se benefician de Pell Grant.
No se sabe aún lo que planea hacer Feinstein. La senadora estaba de viaje el viernes, no pudo dar ningún comentario al respecto para este artículo, aunque el alto costo de la educación universitaria sigue figurando en su lista de prioridades declaradas.
"Sabemos que la información le está llegando y eso nos da más razones para el optimismo", dice Saffron Zomer, directora de programas para la organización CALPIRG.
La ley conseguiría, entre otras cosas, reducir costos de gestión de prestamos estudiantiles otorgados actualmente por instituciones privadas mediante el programa federal de préstamos familiares para educación (FFEL), el cual sería reemplazado por uno en el que el Tesoro otorgaría directamente las ayudas.
"Los bancos no toman ningún riesgo con estos préstamos respaldados por el gobierno, pero quieren llevarse miles de millones en beneficios por administrarlos", dice Steve Kinsella, presidente de Gavilan College, en Gilroy.
Ni los estudiantes ni las universidades de California tienen fondos para cabildear en Washington, pero los miles de twitters, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas son algunas de las armas que estos grupos blanden para combatir la presión de la industria financiera.
