SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, México (EFE).- Familiares de víctimas y sobrevivientes de la matanza de Acteal, que costó la vida a 45 indígenas en 1997 en el sur de México, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir para evitar que el crimen quede impune, informaron hoy fuentes cercanas al caso.
"Ahora la CIDH está analizando la admisibilidad del caso y para esto tiene que verificar si se agotaron los recursos internos en el país y si el estado mexicano atendió o no debidamente el reclamo de justicia por parte de las víctimas", dijo a la prensa el abogado y director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), Diego Cadenas.
Dos indígenas representantes de las víctimas estuvieron esta semana en Washington para remitir su petición formal a la CIDH.
La solicitud coincidió con el fallo el miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que resolvió liberar a 9 de los indígenas aún presos acusados de perpetrar la masacre ocurrida en los Altos de Chiapas hace casi doce años.
"Esta nueva situación de que la mayoría están saliendo libres aumenta las posibilidades de que la CIDH decida admitir el caso" y analizar la responsabilidad de las autoridades en la masacre de 45 personas, indicó Cadenas.
Según el activista del CDHFBC, que se oponía a las liberaciones aprobadas por el Supremo mexicano por fallos graves en el proceso, en México "se agotaron los recursos internos" y "no ha habido justicia".
Esta madrugada los nueve indígenas tzotziles cuya excarcelación ordenó ayer el alto tribunal abandonaron la cárcel de El Amate, en la ciudad de Cintalapa, donde permanecían desde diciembre de 1997.
El grupo se alojó en un hotel en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, donde están reunidos con autoridades del gobierno estatal para ver qué tipo de asistencia recibirán a cambio de no regresar a Acteal, detalló el abogado defensor del grupo, José Antonio Caballero, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Del medio centenar de personas que estaban encarceladas, 29 han sido liberadas, a 25 más se les deberá repetir el juicio, mientras que otras 6 han perdido el recurso.
Según Caballero, en Chiapas como consecuencia de las excarcelaciones es en este momento necesario "generar medidas de distensión" así como apoyar a las personas que han estado casi doce años tras las rejas.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal fue atacado por presuntos paramilitares, también aborígenes, que acabaron con la vida de 45 tzotziles de la comunidad de "Las Abejas", 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos.
Los agresores eran simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y estaban enfrentados con sus víctimas en un estado dividido desde 1994 entre seguidores y detractores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
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