SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, México (EFE).- Familiares de víctimas y sobrevivientes de la matanza de Acteal, que costó la vida a 45 indígenas en 1997 en el sur de México, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir para evitar que el crimen quede impune, informaron hoy fuentes cercanas al caso.
"Ahora la CIDH está analizando la admisibilidad del caso y para esto tiene que verificar si se agotaron los recursos internos en el país y si el estado mexicano atendió o no debidamente el reclamo de justicia por parte de las víctimas", dijo a la prensa el abogado y director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), Diego Cadenas.
Dos indígenas representantes de las víctimas estuvieron esta semana en Washington para remitir su petición formal a la CIDH.
La solicitud coincidió con el fallo el miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que resolvió liberar a 9 de los indígenas aún presos acusados de perpetrar la masacre ocurrida en los Altos de Chiapas hace casi doce años.
"Esta nueva situación de que la mayoría están saliendo libres aumenta las posibilidades de que la CIDH decida admitir el caso" y analizar la responsabilidad de las autoridades en la masacre de 45 personas, indicó Cadenas.
Según el activista del CDHFBC, que se oponía a las liberaciones aprobadas por el Supremo mexicano por fallos graves en el proceso, en México "se agotaron los recursos internos" y "no ha habido justicia".
Esta madrugada los nueve indígenas tzotziles cuya excarcelación ordenó ayer el alto tribunal abandonaron la cárcel de El Amate, en la ciudad de Cintalapa, donde permanecían desde diciembre de 1997.
