MÉXICO, D.F.— Sin prueba alguna, nueve indígenas acusados de asesinato permanecieron presos durante once años. La conclusión a la que llegó la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que la Procuraduría General de la República (PGR) inventó evidencias y sustentó la investigación con testigos falsos.
Con esta argumentación, el máximo tribunal del país otorgó en total la libertad a 29 personas acusadas de participar en la masacre de Acteal, Chiapas, en el extremo sur del país, pues el 12 de agosto pasado resolvió bajo los mismos argumentos beneficiar a 20 indígenas más.
"No existe material probatorio para comprobar su culpa", dijo ayer el ministro José Ramón Cossío, al dar a conocer la decisión de la Corte que reveló irregularidades desde la averiguación previa y violaciones a la garantía del debido proceso.
En tanto, otros 16 expedientes de indígenas sentenciados por esos hechos serán revisados por lo que la SCJN concedió amparos (un recurso legal que busca proteger las garantías individuales) y no se cerrará los casos para abrir un nuevo juicio en el que no se tomen en cuenta las pruebas presentadas por la PGR.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron masacrados por presuntos paramilitares de una etnia aledaña. Murieron 45 miembros de la comunidad de "Las Abejas" (21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos), en el contexto del conflicto zapatista, iniciado casi cuatro años antes.
Organizaciones civiles acusaron al gobierno de destruir el principal bastión de la guerrilla que exigía gobiernos autónomos para las comunidades con mayor presencia indígena del país.
