María León
Tucson, 29 jul (EFE).- Los inmigrantes indocumentados son los trabajadores más vulnerables a ser explotados por empleadores, sobre todo en estados como Arizona, donde se busca criminalizar al trabajador sin "papeles", aseguraron activistas.
"En Arizona tenemos una legislatura estatal que por varios años se ha dedica a hacer más difícil la vida de todos los inmigrantes, enfocándose en cómo establecer estatus que criminalicen a los indocumentados", dijo a Efe Isabel García, abogada y directora de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona.
"El problema es que además de los inmigrantes, todos sufrimos, a todos nos dañan, provocando una discriminación en general en contra de la comunidad y de los trabajadores latinos", agregó la activista.
En enero de 2008 entró en vigor en Arizona la ley estatal de sanciones a empleadores que penaliza a los negocios que contraten a inmigrantes indocumentados a sabiendas y obliga a los patronos a verificar el estatus migratorio de sus nuevos empleados.
La implementación de esta ley, de acuerdo con García, ha provocado que los trabajadores indocumentados "se entierren aún más", en otra subcultura donde se ven obligados a soportar abusos ante el temor de ser deportados.
De acuerdo con un reporte del programa Voces Inmigrantes en Arizona dado a conocer a principios de 2009 y elaborado sobre la base de una encuesta a más de 400 trabajadores inmigrantes en Tucson, el 46 por ciento de ellos desconocía las especificaciones de la nueva ley.
Un 30 por ciento reportó que su empleador le solicitó su documentación incluso mucho antes de que entrara en vigor la nueva ley.
Un 16 por ciento dijo que su empleador no quiso pagarle horas extra trabajadas, mientras que un 10 por ciento aseguró haber sido amenazado con despido y otro 12 por ciento declaró que le había sido reducido su sueldo.
"El principal problema es la ignorancia que todavía existe sobre esta ley", dijo a Efe Rosalba Romero, coordinadora del programa Voces Inmigrantes en Arizona.
Indicó que muchos empleadores no saben si deben contactar al servicio de inmigración o no en caso de que los documentos de sus empleadores no concuerden con el programa federal "E-verify".
"También el empleador debe verificar los documentos de inmigración solamente después que haya contratado a la persona", aclaró Romero.
García mencionó que otro problema que enfrentan los trabajadores indocumentados en Arizona es el riesgo que corren de ser procesados bajo leyes estatales por robo de identidad en caso de que sean sorprendidos trabajando con un número de Seguro Social que no les corresponde.
La amenaza de un empleador de verificar el estatus migratorio de sus empleados también se ha convertido en un obstáculo para los sindicatos en Arizona.
"Cuando los trabajadores tratan de organizarse algunas veces son amenazados, o simplemente les dicen que surgieron problemas con sus números de Seguro Social", dijo a Efe Luis Espinosa, coordinador de campo del Sindicato Unido de Trabajadores para la Alimentación y el Comercio (UFCW) en Arizona.
"Esta es una de las razones por la que los sindicatos hemos estado luchando por una reforma migratoria, ya que este tipo de intimidación es utilizada para meter miedo a la gente que está tratando de organizarse en una unión, ya que su empleador puede utilizar este tipo de leyes en su contra", agregó Espinosa.
Manifestó que con mucha frecuencia tienen reportes de casos de personas que fueron despedidas sin pagarles las horas de trabajo hechas.
Asimismo, expresó su preocupación ante la propuesta del gobierno federal de expandir el uso de programa "E-verify" a nivel nacional, ya que, en su opinión, esto afectaría los derechos de todos los trabajadores. EFE
