Mientras la comunidad internacional en su conjunto, a través de organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), repudia abiertamente el llamado golpe de estado que costó, hasta ahora, la presidencia de Honduras a Manuel Zelaya, muchos habitantes de ese país, dentro y fuera de su territorio, sienten la frustración y la rabia de no ser escuchados, de no ser tomados en cuenta por estas naciones y sus líderes que, antes de decidir un ultimátum y una serie de sanciones, debieron hacer un análisis más profundo de los acontecimientos previos a la caída de Zelaya.

Soy fiel creyente de los preceptos democráticos y de la unión de los pueblos para hacerlos respetar, pero también, creo firmemente en la soberanía y en la libertad de los pueblos para decidir su propio futuro y para corregir a tiempo las desviaciones y violaciones que sus gobernantes cometen al amparo del poder. Éste ha sido el caso de Zelaya.

Hoy, a través de los medios de comunicación, estamos más inclinados a hacer eco de las disposiciones de los organismos internacionales, a dar espacio a las voces de líderes extranjeros que, fuera del territorio hondureño, cuestionan y critican el delicado acontecer político y social en ese país, pero en honor a la verdad, han sido pocos los que se han preocupado por difundir en este momento crucial otras voces, las voces del pueblo hondureño y las voces de otros poderes en ese país como el legislativo y el judicial, que mucho tendrían que decir, aportar y mostar a la comunidad internacional.

Antes de su destitución, Manuel Zelaya violentó las leyes de su país convocando a una consulta que a todas luces pretendía modificar la Constitución hondureña para formar, al más puro estilo Chavista, una Asamblea Nacional Constituyente con la que luego de anular los poderes, le permitiría reelegirse indefinidamente.